Rechazo a certificado médico mantiene vacante la sindicatura jurídica
La sindicatura jurídica del ayuntamiento de Tula de Allende continúa acéfala como desde hace más de seis meses, en detrimento de los intereses del municipio.
Este sábado, se realizó una sesión “especial” de Cabildo, la cual, fue de carácter privado, donde se redifiniría quién se quedaba con la posición de la sindicatura, ante el rechazo de la misma por parte de la regidora independiente, Guadalupe Rodríguez Cruz, por temas de salud.
En el punto seis de la orden del día, se dio oportunidad a la citada edila de mostrar las pruebas médicas que no le permiten asumir la sindicatura, lo cual está previsto por la ley; sin embargo, el diagnóstico fue rechazado por la mayoría de Morena-Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, los cuales, quisieron (al igual que el 27 de marzo pasado) forzar a Guadalupe Rodríguez a tomar la sindicatura.
En la discusión dentro de la junta edilicia, la parte oficialista consideró que en vista del rechazo de Rodríguez Cruz, la mayoría de la Asamblea debía de decidir a la titular, mientras que por su cuenta, los independientes dijeron que la posición le corresponde a Ivonne Ponce Sobrevilla por orden de prelación, lo que fue rechazado por los del partido guinda.
Los regidores y síndica de Morena votaron por desechar el certificado médico exhibido y dejar como síndica a Rodríguez Cruz, pese a su impedimento de salud, lo cual, nuevamente sería objeto de impugnación por parte de los independientes, y dejaría al menos un mes más a la sindicatura jurídica de Tula.
En un breve evento protocolario, la tarde de este jueves, fue presentada la actualización del Plan Especial Contra Inundaciones de Temporada de Lluvias 2025.
Autoridades de los tres órdenes de gobierno resaltaron que este instrumento servirá para conocer y coordinar de manera adecuada los recursos materiales y humanos con los que se cuentan para atender las emergencias por inundaciones.
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Asimismo, señalaron que se especifican las responsabilidades y obligaciones de los tres órdenes de gobierno, es decir, qué le toca a cada quién para prevenir y reaccionar de la manera más adecuada ante un siniestro.
El plan contempla tres etapas de semáforo de riesgo: verde, cuando la situación está tranquila, pero debe haber monitoreo de las autoridades y la población, sobre todo de las circunstancias de la Ciudad y Estado de México, de dónde proviene la mayor cantidad de aguas residuales.
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