José Enrique Pascacio de León, presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), adelantó que defenderá a los obreros de la cementera de La Cruz Azul por las afectaciones debido al cierre de la fábrica desde el 17 de agosto pasado.
El representante de ese organismo estuvo presente ayer en la toma de protesta del Consejo de la CIDH, sede Cruz Azul, protocolo que se llevó a cabo en Jasso, Tula, donde expuso el caso de la empresa.
Dicho abogado calificó como una “injusticia” y dijo que intervendrá ante las autoridades federales para lograr un resolutivo favorable.
En entrevista con Criterio, sostuvo que buscará entendimiento con los directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero si no atienden la reconexión eléctrica, que ya fue ordenada por una autoridad judicial, buscará la destitución de más de un funcionario, como el director Manuel Bartlett Díaz.
Aseveró que con el paro de actividades por falta de energía se han violado los Derechos Humanos al trabajo, a un ingreso y sustento digno y a la salud, porque a los socios jubilados les han suspendido la atención médica, junto con sus pensiones, por lo que, dijo, “eso no se puede permitir”.
Agregó que hay una orden judicial para reinstalación del servicio, con lo cual se lograría reactivar la producción.
Otra de sus estrategias es acudir a las oficinas del juez de distrito o del tribunal colegiado, que concedió el resolutivo favorable a la planta Hidalgo, para que impongan medidas de apremio a las autoridades o dependencias que han incurrido en desacato, con el objetivo de la reconexión inmediata.
Miguel Ángel Martínez | Tula de Allende
