Comerciantes y usuarios señalaron que el problema se concentra en la parada del transporte

Comericantes indicaron que ellos mismos retiran basura y podan la maleza de la zona de acceso a las clínicas del IMSS | Foto: Magda Olguín
El acceso a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) Número 37 y al Hospital General de Zona con Medicina Familiar Número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la comunidad Doxey, en Tlaxcoapan, representa un riesgo para pacientes, familiares y personal médico debido a la falta de infraestructura vial que garantice un ingreso seguro.
Durante un recorrido de Criterio, usuarios de las clínicas del IMSS y comerciantes señalaron que el principal problema se concentra en la zona de ascenso y descenso del transporte público, donde taxis, combis y vehículos particulares coinciden para dejar y recoger pasajeros, generando congestionamientos y obligando a los peatones a caminar entre automóviles en movimiento.
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Indicaron que personas en silla de ruedas, con andadera o bastón deben descender prácticamente sobre la carretera para ingresar al hospital, mientras que la presencia de un agente de Tránsito Municipal resulta insuficiente para ordenar la circulación durante las horas de mayor afluencia.
Las quejas también se han reflejado en redes sociales, donde derechohabientes del IMSS han denunciado el tráfico constante, la falta de estacionamiento, la ausencia de cruces peatonales seguros y de señalización adecuada, además de cuestionar que no se haya desarrollado un proyecto vial integral para el nuevo complejo médico.

A esta situación se suma la falta de mantenimiento del entorno. Comerciantes afirmaron que ellos mismos retiran basura, podan la maleza e incluso evitan el robo de materiales metálicos en la zona de acceso a las clínicas del IMSS.
De igual manera, vecinos consideran que es urgente concluir las obras pendientes, entre ellas bahías para transporte público, banquetas accesibles, cruces peatonales, señalización y un estacionamiento funcional.
El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, admitió públicamente que se detectó un caso de corrupción relacionado con sesiones de hemodiálisis en clínicas de los estados de México y Puebla, donde la empresa Zdenko aplicaba sobrecostos de hasta 200 por ciento respecto al precio promedio en el sector privado.
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Según explicó Svarch, la empresa cobraba hasta 32 mil pesos por sesión, mientras que el costo máximo en clínicas privadas ronda los mil 500 pesos.
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