La designación del nuevo titular generó llamados a fortalecer la técnica y la responsabilidad administrativa, tras señalamientos por presuntas omisiones

José Alfredo Cruz León asumió la dirección jurídica de Tulancingo tras la salida de su antecesor | Foto: Especial
Durante la sesión pública extraordinaria de Cabildo, el síndico jurídico de Tulancingo, Pedro Orlando Escudero García, definió como grave que, a más de un mes de que Fernando Olvera Guzmán, padre del director de Prevención del Delito, Dereck Olvera Juárez, dejara la dirección jurídica del municipio, no hay información en torno a la entrega- recepción que debió realizarse
Por ello, pidió al nuevo titular de esta área, José Alfredo Cruz León, que “no defraude la confianza” de la alcaldesa de Tulancingo, Lorena García Cázares, “como lo hizo su predecesor”, ya que dicha institución “necesita recuperar seriedad, técnica y responsabilidad; requiere de personas profesionales, no aduladores aplaudidores ni susurradores a conveniencia”.
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Luego de la toma de protesta del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Enrique Romero Alcantar, y del nuevo director jurídico como presidente y secretario técnico, respectivamente, de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión de Honor y Justicia, el síndico Escudero García felicitó a ambos funcionarios por estar al frente de dichos cargos.

Calificó los nombramientos como “piezas clave para fortalecer a la corporación, dignificar el trabajo policial y garantizar procesos claros y justos” a través de sanciones a quienes lo merezcan, pero también con el respaldo y defensa a aquellos que todos los días cumplen su labor.
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Además, expuso que, durante más de un año, el trabajo jurídico de Tulancingo se ha visto afectado “por intereses personales, políticos y mezquinos” del antecesor de Cruz León, así como del secretario general municipal, Luis Edmundo Aguilar Aranda.
Pedro Orlando Escudero acusó a Fernando Olvera y al secretario municipal de supuestamente anteponer “sus privilegios e intereses personales” por encima de los del ayuntamiento de Tulancingo y así entorpecer el trabajo coordinado con la sindicatura jurídica que representa y dañar el funcionamiento del gobierno municipal.
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