Araceli Gutiérrez Tovar, directora de la asociación feminista Zona Radical, lamentó que Tizayuca carezca de un refugio temporal para atender a las mujeres que padecen violencia física, psicológica y abuso sexual.
En entrevista con este medio informativo, la dirigente recalcó que el municipio requiere un albergue donde las féminas sean tratadas por especialistas tras los ilícitos que puedan sufrir.
Indicó que, en el caso de su asociación, recibió a una mujer embarazada y en condición de calle que no pudo canalizar a algún área municipal ya que en ningún lado la recibieron.
“No hay ningún albergue, una casa donde puedan dormir y comer tranquilamente, no hay ninguna estancia tampoco para recibirlas”, dijo.
Respecto a Zona Radical, Gutiérrez Tovar refirió que ha incrementado el número de asistentes para recibir atención jurídica; sin embargo, lamentó no poder albergarlas para evitar que sigan siendo violentadas.
Criterio informó en su edición del jueves pasado que familiares de I. M. C. G., de 15 años de edad, exigieron justicia y castigo al responsable de un presunto abuso sexual contra la menor; los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Fuentes de Tizayuca II.
Alfonso Marín I Tizayuca
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Familiares de internos de la cárcel distrital de Tizayuca acusaron que permea la corrupción dentro de la prisión, para que mantengan comunicación con los reos durante la contingencia de Covid-19.
En entrevista con Criterio, el pariente de un presidiario acusó que los mandos exigen el pago de dos mil pesos por las visitas familiares, a las cuales les ponen un horario “mínimo” de estancia.
Asimismo, señaló que para “filtrar” un celular los custodios cobran mil 500 pesos y una renta semanal por el servicio de internet y para mantener el móvil.
Agregó que, en caso de negarse a desembolsar el dinero, a través de un operativo confiscan los aparatos con la intención de que los familiares paguen.
La persona, quien prefirió mantenerse en anonimato por temor a que su pariente sufra represalias, afirmó que las irregularidades fueron denunciadas ante la comandancia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal, en donde, supuestamente, algunos funcionarios le refirieron que “no armara alboroto o su familiar lo iba a pagar”.
