Opacidad y corrupción, presentes en el anterior gobierno de Singuilucan

En varias ocasiones, regidores y la síndica procuradora de la anterior administración de Singuilucan, quienes conformaron el llamado Bloque Opositor Responsable (BOR), denunciaron públicamente y ante distintas instancias gubernamentales la opacidad y corrupción en el gobierno de Marcos Miguel Taboada Vargas.

El exalcalde debe solventar observaciones por al menos 250 millones de pesos, emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) y derivadas de las fiscalizaciones a las cuentas públicas de 2022, por 125 millones de pesos; 2023, por 45 millones, y 2024, por 80 millones, de acuerdo con información de la actual alcaldesa de Singuilucan, Yazmín Dávila López.

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En total, dijo, se trata de 250 millones de pesos sin esclarecer, por lo que el ayuntamiento en turno inició los procedimientos administrativos y tres denuncias penales.

En 2022, asambleístas promovieron juicio ciudadano contra exalcalde de Singuilucan

La exsíndica de Singuilucan Claudia Casasola, al igual que los exregidores Nely Maribel López Ortega, Isabel Ramírez Quintero, Alejandro García Ponce y Alzucain Santillán Cano, en su momento, informaron que el 4 de enero de 2022 promovieron el juicio ciudadano TEEH-JDC-001/2022 en contra del entonces alcalde, ante su negativa de proporcionar información relacionada con las finanzas y otros temas que conciernen al municipio, pero la entregó incompleta y a destiempo.

Coincidieron en que requirieron sin éxito la lista de proveedores del municipio, información de las obras públicas, lista de beneficiarios, comités de obras y la cuenta pública, al igual que los estados financieros y los ingresos propios, entre otros conceptos.

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La exsíndica de Singuilucan turnó oficios a la ASEH, la Contraloría estatal y otras instancias para denunciar que no tenía acceso a las cuentas públicas y otros documentos oficiales ni siquiera para firmarlos.

Además, la negativa del otrora alcalde de proporcionar la información solicitada por miembros del órgano edilicio ocasionó que solo fuera aprobada la Ley de Egresos 2021.

Durante su mandato, Taboada Vargas sumó varias resoluciones sin atender emitidas por el Instituto de Transparencia estatal. Por ejemplo, la RRAI826/2022, del 31 de enero de 2023, en la que se estableció un término de 72 horas para que proporcionara el nivel jerárquico, los antecedentes de él o los integrantes del ayuntamiento responsables de entregar la información concerniente al recurso de revisión que solicitó Mariano Aguilar Meneses, presidente de la asociación civil Singuilucan Justicia Social, quien hasta ese año había ingresado 15 solicitudes de transparencia sin obtener respuesta.

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