Reanuda actividades alcaldía de Singuilucan, requiere con urgencia 30 mdp para salir de deudas

El ayuntamiento de Singuilucan requiere con urgencia 30 millones de pesos aproximadamente para cubrir la deuda que le heredó la anterior administración con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como el embargo de cuentas y bienes derivado de un juicio laboral iniciado en 2016 por 30 ex trabajadores, cuyo fallo condenatorio obliga al municipio a pagar 21 millones 408 mil pesos, advirtió la alcaldesa, Yazmín Dávila López.

Dijo lo anterior ante ciudadanos congregados esta mañana en la plaza cívica donde acompañada de integrantes del Cabildo, anunció que a partir de hoy (viernes) la alcaldía reanuda actividades y vuelve a funcionar con normalidad.

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“Con su poder judicial podrido, con su Tribunal de Arbitraje vendido, piensan otra vez paralizarnos, pero volveremos a defendernos”, anticipó Dávila López.

Aseguró que el embargo es ilegal e improcedente porque los bienes que buscan incautar 24 de 30 ex trabajadores “no se pueden tocar”.

La presidenta municipal de Singuilucan puntualizó que para defender lo que les pertenece a los habitantes iniciaron un proceso de nulidad de embargo porque de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Además, explicó que las cuentas públicas tampoco se las pueden llevar porque la Ley de Coordinación Fiscal, establece que las participaciones de los municipios son inembargables. “No pueden afectarse para fines específicos ni estar sujetos a retención”.

Anunció que preparan denuncia penal por abuso de autoridad y violación de derechos procesales contra el Tribunal de Arbitraje, al que acusó de realizar el proceso de embargo con muchas irregularidades.

Acusó al abogado, Arturo Gil Borja, de ser el principal responsable de la “infame demanda laboral que amenaza con despojar a los singuiluquenses de sus bienes públicos”.

Recriminó que Gil Borja no busca justicia, incluso quiso impedir que se negociara con ex trabajadores y advirtió que su modus operandi, es alargar juicios y contar un porcentaje considerable.

En ese sentido, dio a conocer que presentó una denuncia contra este abogado porque la intentó sobornar al ofrecerle 20 por ciento si le pagaba a un ex trabajador.

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