A partir de este miércoles, la presidencia municipal volverá a operar con normalidad, luego de que la titular de Administración, quien es sobrina directa del edil, formalizó su renuncia

Los inconformes acusaron nepotismo por parte del presidente municipal | Foto: Antonieta Islas
Este martes, las instalaciones de la alcaldía de Metepec fueron liberadas tras ser tomadas el lunes por pobladores liderados por las regidoras Yuri Diana Romero Tenorio y Marieli Soto Solís, así como Francisco Tenorio Flores, quienes acusaban de nepotismo al presidente municipal priista Juan Antonio Franco Ortiz.
Se conoció que, a partir de este miércoles, la alcaldía de Metepec volverá a operar con normalidad, luego de que Isabel Flores Franco, titular del área de Administración, quien es sobrina directa del edil, formalizó su renuncia.
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Previamente, Tenorio Flores advirtió que, al contratar a familiares directos, el alcalde incurrió en nepotismo y aclaró que no se trata de una falta administrativa, sino de un delito establecido en la ley.
Los regidores agregaron que la ahora exdirectora de Administración se conducía con prepotencia y que, durante la Feria del Señor de Metepec 2025, se atribuyó funciones de autorización de permisos de funcionamiento, así como asignación y cobros de las contribuciones respectivas de puestos y establecimientos.
Además, mostraron el acta de la sesión de Asamblea del 21 de marzo pasado, en la que el presidente municipal aceptó retirar del cargo a su familiar; sin embargo, no cumplió con lo acordado, por lo que decidieron tomar el edificio de la alcaldía.

Durante la toma, los funcionarios de la alcaldía Metepec trabajaron en la Casa de Cultura municipal, aunque con servicios limitados debido a que no contaban con papelería oficial ni equipo suficiente para realizar sus labores.
El ayuntamiento de Singuilucan requiere con urgencia 30 millones de pesos aproximadamente para cubrir la deuda que le heredó la anterior administración con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como el embargo de cuentas y bienes derivado de un juicio laboral iniciado en 2016 por 30 ex trabajadores, cuyo fallo condenatorio obliga al municipio a pagar 21 millones 408 mil pesos, advirtió la alcaldesa, Yazmín Dávila López.
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Dijo lo anterior ante ciudadanos congregados la mañana del 21 de abril en la plaza cívica donde acompañada de integrantes del Cabildo, anunció que, a partir de ese viernes, la alcaldía reanudó actividades y vuelve a funcionar con normalidad.
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