Al participar el viernes en el foro Desaparición forzada, un reto para la LXIV Legislatura, organizado por el Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, la fundadora del colectivo Juntos por Hidalgo, Lizbeth Delgadillo Islas, recriminó que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, publicada en 2017, es letra muerta.
“Hoy pido a las autoridades, a los grupos parlamentarios, que se haga un exhorto a los gobernadores de las entidades federativas para realizar el punto de acuerdo y concretar esta ley, que ya no sea letra muerta”, indicó.
“Las autoridades no se han tocado el corazón. Hoy esas madres, que no están aquí, están pidiendo que alguien las apoye en lo económico, porque ni siquiera tienen para llegar a los lugares en donde son encontrados cuerpos, a fin de saber si son de sus familiares”, expuso.
En Hidalgo, dijo, no sabe cuántos desaparecidos hay, pues no hay un registro fidedigno.
Por su parte, la legisladora Claudia Domínguez Vázquez, del PT, señaló que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, “hasta hoy es inservible porque no está homologada”.
Su compañero Benjamín Robles Montoya aseveró que el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas contabilizó 23 mil 689 personas extraviadas de 2007 a 2015. Ahora la cifra es de 37 mil 435, dijo.
“Mientras las autoridades federales y locales sigan sin llevar a cabo la plena implementación de la Ley General sobre Desaparición Forzada, sigan sin dar cumplimiento a lo que mandata, será como si no tuviéramos ley, y los más perjudicados serán las víctimas directas e indirectas”, dijo.
El legislador federal petista advirtió que, por muy buena que sea la norma, de poco servirá si las autoridades encargadas de aplicarla continúan actuando con indolencia e indiferencia.
Nathali González I Tulancingo