La regularización de los anexos en Tulancingo es urgente: Comca

Integrantes del Consejo Municipal contra las Adicciones (Comca) coincidieron en que los Centros de Rehabilitación para Personas Adictas, también conocidos como anexos o granjas, son un mal necesario cuya regulación es urgente porque, además de ser en muchos casos un redituable negocio, se han convertido en espacios de delincuencia y de abusos.

Advirtieron que Tulancingo, al igual que el resto del país, enfrenta una “urgencia epidemiológica” por el creciente consumo de sustancias tóxicas, incluidas las llamadas “drogas legales”, como el alcohol y el tabaco, aunado a la prevención del suicidio entre los jóvenes.

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La Comisión de Salud del ayuntamiento cerró 2025 con 56 anexos identificados, de los cuales solo uno contaba con registro y, a decir del regidor que la preside, Andrés Carlos de la Riva Larios, no están en contra de dichos centros, y los consideran “grandes aliados” en la lucha contra las adicciones; sin embargo, subrayó que es necesario que cuenten con instalaciones adecuadas, un médico disponible las 24 horas, psicólogo y un nutriólogo, entre otros requisitos indispensables para poder operar y prestar una atención de calidad.

De acuerdo con el COMCA, la regularización de los centros de rehabilitación es un tema complicado porque representa otro tipo de conveniencias y eso se refleja en la renuencia de los responsables de dichos espacios para registrarse; incluso, algunos optan por mudarse y cambiar de razón social.

Este ente, en el que convergen distintas dependencias de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) y del gobierno de Tulancingo, suma tres reuniones a lo largo de 2026, derivadas de la invitación que se hizo al inicio del año a los responsables de los anexos para regularizarse ante la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la entidad (Copriseh), a fin de que cumplan con los estándares de la NOM-137 sobre el funcionamiento de estos centros de apoyo.

Se conoció que, como resultado de estas reuniones, 15 centros de rehabilitación están en proceso de regularización, mientras que el resto se resiste y en su mayoría aduce que carecen de la solvencia económica para cumplir con los requisitos que establece la normativa; por ejemplo, contar con el personal mínimo con el que deben operar.

En ese sentido, profesionales de la salud refieren que lamentablemente hay quienes han hecho de la atención a las adicciones un “vil y ruin negocio”, en el que la rehabilitación del usuario no es prioridad y la violación a los derechos humanos es una constante.

“Varios centros de rehabilitación son centros de delincuencia y de abuso. Aparte, a los dueños les dejan mucho dinero a la semana; por ejemplo, el anexo que atiende a 40 personas fácilmente obtiene cerca de 250 mil pesos al mes porque se habla de cuotas semanales de mil 500 pesos por usuario y hasta más”, consideró un integrante del Comca, quien pidió omitir su nombre.

Antecedentes de irregularidades en los anexos de Tulancingo

Esto coincide con la denuncia pública que en mayo de 2025 hicieron familiares de personas con adicciones alojadas en un anexo ubicado en la colonia Caltengo, en Tulancingo, quienes advirtieron de las condiciones insalubres en las que operaba, pese a que el costo por ingreso era de mil pesos y el pago semanal de 650 pesos más despensa; además, tenían que pagar 150 pesos por atención psicológica individual; por valoración médica, 150 pesos; por atención psiquiátrica, 600 pesos por sesión, y por acompañamiento tanatológico, 300 pesos por sesión.

El diputado local por el distrito XI Tulancingo, Arturo Gómez Canales, en diciembre de 2025, informó que emitió un exhorto a la SSH para que norme a los anexos porque no todos están regularizados.

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Indicó que preveían la puesta en marcha de un programa que establezca los criterios de la rehabilitación para las personas adictas, ya que actualmente cada centro lo hace a su modo.

Distintos anexos de Tulancingo también han sido escenarios de supuestas “muertes naturales”, suicidios y riñas, como la que ocurrió en octubre del año pasado, cuando al menos cuatro hombres resultaron lesionados luego de que un grupo de entre 15 y 20 personas irrumpieron en el centro de rehabilitación ubicado en la colonia San Rafael y golpearon a quienes ahí se encontraban, además de causar destrozos dentro del inmueble.

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