Transporte irregular en la Huasteca: entre la necesidad de transporte y falta de seguridad de usuarios
Los propietarios de las unidades reconocen que el trámite para la concesión es “caro y tardado”
Los conductores no pueden contratar seguros porque no están regularizados | Foto: Salomón Hernández
En la Huasteca hidalguense, camionetas y vehículos particulares prestan diariamente el servicio de transporte sin contar con concesión oficial. Aunque las autoridades no tienen un registro preciso del número de unidades irregulares, este fenómeno ha aumentado en la región, impulsado por la falta de rutas y la urgencia de los pobladores de trasladarse entre comunidades.
Para algunos propietarios, el principal obstáculo para regularizar sus unidades es el costo y la complejidad del trámite, pues reconocen que “es caro y tardado”. Además, aseguran que no pueden dejar de trabajar porque dependen de estos ingresos para mantener a sus familias.
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Sin embargo, esta práctica pone en riesgo a los pasajeros: al no estar concesionados, los vehículos no pueden contratar un seguro para cubrir a los usuarios en caso de accidente.
Concesiones para transporte cuestan hasta 24 mil pesos
Teódulo Martínez Vergara, dirigente de la Alianza de Transportistas de Transporte Rural y Suburbano AC, mencionó que durante el gobierno de Omar Fayad se modificó la Ley Indígena para reconocer el transporte comunal. Sin embargo, explicó que “solo algunos lograron regularizarse, pero el proceso quedó incompleto”.
Señaló que la concesión para camionetas se fijó en 15 mil pesos, mientras que, para taxis, en 24 mil, con diferencias para las unidades tipo Urvan. “El esquema funcionó un tiempo, pero después se canceló, y hoy seguimos con el mismo problema: si no eres concesionario, no puedes asegurar tu vehículo para pasajeros”, advirtió.
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La situación se complica aún más porque, en ocasiones, las oficinas de la coordinación regional en Huejutla del Sistema de Transporte Convencional permanecen cerradas incluso en horario laboral. Debido a la ausencia del personal, los transportistas no tienen la orientación necesaria para avanzar en su trámite.
La falta de certeza jurídica afecta directamente a las comunidades indígenas que dependen de este servicio para transportarse. Sin una regulación efectiva, los conductores operan informalmente y los usuarios quedan desprotegidos ante cualquier siniestro.
Organizaciones de transportistas han insistido en que el gobierno estatal retome el diálogo y concluya el proceso de regularización pendiente, pues piden que se respete el derecho de los pueblos indígenas a organizar su propio transporte.
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