Lo anterior se originó por un conflicto cuando dos de los agraviados fueron a un viaje de trabajo en Nuevo León y allí tuvieron un problema con otra persona

Alicia Morales y su familia, retenidos en Huejutla tras un altercado durante un viaje de trabajo a Nuevo León | Foto: Especial
Tres habitantes de la comunidad Papatlanta, perteneciente a Calnali, se encuentran retenidos desde hace tres días en la localidad Oxtomal II, ubicado en Huejutla, luego de un conflicto originado por un altercado durante un viaje de trabajo a Cadereyta, Nuevo León.
Los pobladores de Calnali afectados fueron identificados como Alicia Morales Bautista; su hijo, Cristian de la Cruz Morales, y su esposo, Juan Cortés González.
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De acuerdo con los testimonios de los familiares, dos de los agraviados viajaron hace aproximadamente un mes a Nuevo León para trabajar en el corte de chile. Sin embargo, durante su estancia en la localidad, surgió un conflicto con un habitante de Oxtomal II.
A su regreso a Huejutla, los pobladores de esta comunidad decidieron retenerlos como una especie de “castigo” para resarcir los daños ocasionados por el altercado.
Inicialmente, los habitantes de Oxtomal II, en Huejutla, exigieron el pago de 300 mil pesos para liberar a los retenidos, pero posteriormente redujeron la cantidad a 150 mil pesos. Cristian de la Cruz Morales fue liberado la noche del lunes alrededor de las 20:00 horas.

Por su parte, Alicia Morales Bautista fue liberada la mañana del martes, pero con la condición de conseguir parte del dinero solicitado. Sin embargo, al no lograr reunir la cantidad completa, fue retenida nuevamente.
Actualmente, los pobladores de la localidad ubicada en Huejutla no solo demandan los 150 mil pesos, sino que también exigen un terreno y las escrituras correspondientes como garantía para liberar a Alicia y su esposo Juan, quienes aún permanecen bajo custodia.
Una familiar de los retenidos relató que acudió a la Subsecretaría de Gobierno en la Huasteca y a la agencia del Ministerio Público de Huejutla para pedir ayuda. Sin embargo, ambas dependencias le informaron que no podían intervenir en el caso, ya que consideran que no se trata de una privación ilegal de la libertad, sino de un conflicto interno de la comunidad.
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