Retenciones, multas y bloqueos: Los desafíos de la justicia en las zonas indígenas
La retención de funcionarios públicos, trabajadores de dependencias federales y estatales, policías municipales y el bloqueo de carreteras se ha convertido en una práctica recurrente en diversas comunidades indígenas
Empleados de la CFE y varios organismos han sido retenidos en zonas indígenas
Foto: Salomón Hernández
La retención de funcionarios públicos, trabajadores de dependencias federales y estatales, policías municipales y el bloqueo de carreteras se ha convertido en una práctica recurrente en diversas comunidades indígenas de la Huasteca y la Sierra de Hidalgo.
En una región donde gran parte de la población pertenece a pueblos originarios, los sistemas normativos indígenas continúan vigentes y forman parte de la vida cotidiana de cientos de comunidades.
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Miguel, exdelegado auxiliar de una comunidad huasteca, explica que la impartición de justicia comunitaria suele comenzar cuando una persona presenta una queja ante las autoridades tradicionales.
“Si alguien sufrió un robo, tiene problemas con un vecino o existe un conflicto por tierras o parcelas, el delegado convoca a la asamblea. Ahí se escucha a las partes y la comunidad decide qué procede”, relata.
La asamblea es el órgano máximo de decisión. En ella participan los habitantes y, mediante consenso o votación, determinan sanciones que pueden ir desde trabajo comunitario hasta multas económicas. En muchos casos, la persona afectada también plantea qué considera justo para reparar el daño.
Para quienes viven bajo este sistema, se trata de una forma rápida de resolver conflictos sin necesidad de acudir a ministerios públicos o tribunales, que suelen encontrarse a varias horas de distancia.
Foto: Salomón Hernández
Sin embargo, las controversias aparecen cuando algunas sanciones rebasan los límites establecidos por la Constitución.
En distintas comunidades se han documentado multas de 50 mil hasta 100 mil pesos, detenciones en galeras comunitarias por periodos superiores a las 72 horas, castigos corporales y expulsiones de habitantes, medidas que para especialistas representan posibles violaciones a derechos fundamentales.
Validez jurídica de los Sistemas Normativos Indígenas
Arturo Pimentel Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la Huasteca y de la Comisión de Peritos de la Federación de Doctores en Derecho, señala que los usos y costumbres, jurídicamente denominados Sistemas Normativos Indígenas, cuentan con pleno reconocimiento constitucional.
“El artículo 2 de la Constitución garantiza la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas para aplicar sus sistemas normativos y resolver conflictos internos”, explica.
No obstante, advierte que dicha autonomía tiene límites claros: “Ninguna norma comunitaria puede estar por encima de los derechos humanos. Deben respetarse el derecho a la vida, la integridad física, la no discriminación, la libertad de conciencia, el debido proceso y el acceso a la justicia”.
El abogado recuerda que en la región han existido casos de familias completas que fueron desplazadas por profesar una religión distinta a la mayoría de la comunidad, además de sanciones económicas desproporcionadas.
“La Constitución protege también a las minorías dentro de las comunidades. Los sistemas normativos no pueden justificar actos que vulneren derechos fundamentales”, afirma.
Uno de los casos más comentados en fechas recientes ocurrió en la comunidad Santa Teresa, Huejutla. Ahí, una persona fue detenida por alguaciles comunitarios y posteriormente puesta a disposición de autoridades federales.
Días después recuperó su libertad y regresó a la localidad; sin embargo, la asamblea comunitaria decidió declararlo persona non grata y determinó que abandonara la comunidad al considerarlo perjudicial para la convivencia social.
Para algunos habitantes, la decisión representó el ejercicio legítimo de la autonomía comunitaria. Para otros, abrió nuevamente el debate sobre los límites de los usos y costumbres frente a las garantías individuales.
Usos y costumbres, “parte esencial” de los pueblos indígenas
La activista indígena Salustia Pacheco Hernández, reconocida internacionalmente por su trabajo en la preservación de la lengua náhuatl y las tradiciones huastecas, considera que los usos y costumbres son parte esencial de la identidad de los pueblos originarios, pero deben ejercerse con respeto a los derechos humanos.
“Hay muchos usos y costumbres que debemos preservar porque forman parte de nuestra cultura, pero también debemos aprender a convivir con respeto y reconocer los derechos de todas las personas”, señala.
Una postura similar sostiene Ignacio Nava Navarrete, subsecretario de Gobierno en la Huasteca, quien ha trabajado de cerca con comunidades indígenas. Para él, el problema no radica en los usos y costumbres, sino en la ausencia de reglamentos comunitarios claros.
“Lo que hace falta es reglamentarlos. Muchas comunidades toman decisiones con base en la costumbre, pero sin documentos que establezcan procedimientos precisos. Eso puede generar abusos o interpretaciones equivocadas”, explica.
Nava considera que la gobernanza debe construirse mediante el diálogo permanente entre autoridades y comunidades.
“Los servidores públicos tienen que escuchar a la gente. Si existe comunicación y atención oportuna, muchos conflictos pueden resolverse antes de que lleguen a bloqueos o retenciones”, afirma.
Advierte, además, que los conflictos constantes también impactan en el desarrollo económico de la región: “La Huasteca tiene enormes fortalezas: gente trabajadora y tierras fértiles, pero la conflictividad inhibe inversiones y limita oportunidades de crecimiento”.
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