Inclusión: principio de “justicia social” para personas con discapacidad en Huejutla 

La inclusión no debe asumirse como un acto de caridad, sino como un principio de justicia social, coincidieron integrantes de distintos colectivos de personas con discapacidad en Huejutla, quienes aprovecharon el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad para visibilizar los retos persistentes que enfrenta este sector.

Aunque no existe un censo local actualizado, el Centro Regional de Rehabilitación Integral de la Huasteca Hidalguense (CRITH) estima que a diario da alrededor de 50 consultas, lo que refleja la alta demanda de servicios especializados en la región.

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Rubicel Hernández, representante del Colectivo Vida Independiente México, sede Huejutla, subrayó que la discapacidad no es un problema individual, sino el resultado de un entorno social que excluye. Recordó que la Convención sobre los Derechos de las Per-sonas con Discapacidad obliga al Estado mexicano a garantizar accesibilidad, igualdad de oportunidades y participación plena, avances que —dijo— siguen siendo insuficientes.

Pese a los marcos normativos, persisten prácticas discriminatorias, falta de infraestructura adecuada y brechas educativas que limitan el desarrollo de este sector.

Sostuvo que la accesibilidad, una de las principales demandas, continúa siendo deficiente en espacios públicos y privados. Para las personas usuarias de silla de ruedas o bastón, o para adultos mayores, los obstáculos arquitectónicos siguen representando una barrera constante. En el caso de la comunidad sorda, el problema no es la sordera en sí, sino un sistema educativo que no reconoce la Lengua de Señas Mexicana como un derecho fundamental. “Las políticas públicas deben construirse con nuestra participación. Nada sobre nosotros sin nosotros”, enfatizó el colectivo.

Además de los activistas, instituciones educativas también destacaron la importancia de promover una cultura de inclusión desde la formación básica. Alejandra Armenta Bustamante, directora del Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 8, explicó que trabajan con niñas, niños y jóvenes con discapacidad intelectual, motriz o con trastorno del espectro autista, con el propósito de fortalecer su autonomía y prepararlos para una vida independiente.

Hacen un llamado a eliminar prejuicios

Leticia Vite Aquino, representante de Mis Manos Hablan, hizo un llamado a eliminar prejuicios. “Las personas con discapacidad no tienen nada raro; somos como cualquier otra persona”, expresó.

Por su parte, Manuela Torres Hernández compartió su experiencia: mencionó que durante su educación enfrentó numerosos obstáculos, pero con apoyo familiar logró concluir una licenciatura. Aun así, reconoció que la desinformación y el uso incorrecto de términos persisten. “No somos discapacitados; somos personas con discapacidad. Eso también es parte del respeto”, afirmó.

El Colectivo Vida Independiente México destacó que por más de dos años ha trabajado en la capacitación técnica de sus integrantes para favorecer su autonomía, especialmente en el manejo adecuado de sillas de ruedas y en el desarrollo de habilidades para su inserción social y laboral. No obstante, reiteraron que la responsabilidad principal recae en el Estado, que debe garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en la Convención Internacional.

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En este 3 de diciembre, organizaciones y personas con discapacidad hicieron un llamado urgente a transformar políticas, actitudes y entornos. Insisten en que la verdadera inclusión no puede seguir esperando: es una obligación legal, ética y social que atañe a toda la comunidad. “Hoy más que nunca necesitamos avanzar hacia una sociedad accesible, justa y solidaria”, señalaron.

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