El caso incluye la liberación de recursos públicos y la publicación de un plan oficial sin que el pago haya sido cubierto en su totalidad
El ayuntamiento de Omitlán de Juárez enfrenta al menos dos adeudos pendientes con particulares: uno, de carácter jurídico, y otro, relacionado con la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, de acuerdo con lo expuesto por el abogado Hanniel Camacho Ávila.
En entrevista con Criterio, el litigante explicó que el municipio mantiene una deuda de 75 mil pesos por servicios legales prestados, correspondiente a un asunto jurídico que data del 31 de julio de 2025, pago que, hasta la fecha, no ha sido cubierto pese a que el trabajo fue realizado y permitió liberar recursos públicos que se encontraban congelados.
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El abogado detalló que el adeudo jurídico en Omitlán se originó tras la atención de un conflicto laboral que derivó en el congelamiento de cuentas municipales por alrededor de 800 mil pesos, recursos destinados al pago de nómina, combustible y otros gastos operativos.
Agregó que fue a través de la presentación de recursos legales como amparos que se logró el descongelamiento de las cuentas; sin embargo, el ayuntamiento se deslindó posteriormente del pago acordado por esos servicios de litigación.

Además, Camacho Ávila señaló un segundo adeudo relacionado con la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Omitlán, el cual fue contratado por un monto total de 300 mil pesos, de los cuales únicamente se pagaron 100 mil pesos, quedando pendientes 200 mil pesos.
Incluso, indicó que el documento fue entregado en tiempo y forma, acompañado de censos, consultas y documentación técnica y que incluso fue publicado en la plataforma digital del ayuntamiento, donde aparece el nombre de la persona que lo elaboró, a pesar de que el pago no se completó, por lo que contrató al mismo abogado para la defensa de su trabajo.
Lo más grave, aseguró, es que el gobierno de Omitlán habría reportado en sus informes de transparencia que el pago fue realizado en su totalidad, lo que podría derivar en responsabilidades legales por un posible desvío de recursos públicos, además de implicaciones por el uso de un documento sin haber cubierto el costo.
El abogado adelantó que los adeudos de ambos asuntos podrían reclamarse por diversas vías legales, tanto administrativas como penales, con el objetivo de que se cumpla con los pagos correspondientes.
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