Acusan a diputada federal por Ixmiquilpan de “acomodar” a su familia en cargos 

En Ixmiquilpan continúan surgiendo señalamientos en torno al posible uso inadecuado de recursos públicos dentro de la estructura de la Secretaría de Bienestar, particularmente en lo relacionado con la asignación de personal y manejo de la nómina.

De acuerdo con versiones difundidas en distintos espacios locales, Adán Marcos Salvador, el esposo de la diputada federal Eunice Mendoza Ramírez, presuntamente estaría registrado como Servidor de la Nación, con una percepción mensual cercana a los 16 mil pesos. No obstante, se ha señalado que no desempeñaría funciones operativas dentro de los programas sociales, lo que ha generado cuestionamientos entre la ciudadanía.

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Ante esta situación, la coordinadora regional de Bienestar, Yolanda Bernal, habría indicado que dicha persona fue reasignada a otras actividades, vinculadas al acompañamiento en gestiones de la legisladora, incluyendo labores de traslado.

¿Qué otros familiares de la diputada fueron beneficiados?

A estos señalamientos se suman otras versiones que circulan en el ámbito local, en las que se afirma que familiares de la legisladora también estarían integrados en distintas áreas del servicio público. Entre lo que se comenta, se menciona la presunta incorporación de su esposo en Bienestar; una cuñada, en el Congreso, así como la hermana, Nazareth Mendoza, y su prima Ary Ramírez en el área de Vivienda, quienes, según estas versiones, estarían recibiendo ingresos sin desempeñar funciones claras.

Asimismo, se ha difundido de manera extraoficial que algunas de estas personas habrían resultado beneficiadas en programas de vivienda vinculados al Bienestar, lo que ha incrementado las críticas y la percepción de posibles privilegios indebidos.

Estos señalamientos han provocado inquietud entre diversos sectores, al considerar que, de confirmarse, podría tratarse de un uso de recursos humanos y financieros distinto al objetivo de los programas sociales: la atención directa de la población.

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Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte de la legisladora señalada ni de instancias federales que permita aclarar o desmentir los hechos.

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