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Proponen reforma que permite llevar a juicio político al gobernador


Las diputadas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Doralicia Martínez Bautista y Lucero Ambrosio Cruz presentaron una iniciativa de reforma al artículo 150 de la Constitución Política de Hidalgo para que quien ostente el cargo de gobernador del estado pueda ser sujeto de un juicio político.

Martínez Bautista negó que la propuesta tenga como finalidad un ánimo de revancha contra el actual mandatario estatal, Omar Fayad Meneses.

La legisladora aseveró que el planteamiento se trata de “un acto de congruencia con el reclamo social”, pues no existe justificación para excluir al titular del Ejecutivo estatal de ser sometido a un proceso judicial, dijo.

“Todo servidor, sin excepción, debe tener un desempeño ejemplar y responder ante la ciudadanía por su actuar público, es por eso que en esta iniciativa se propone incluir al gobernador como sujeto susceptible de responsabilidad política”, explicó.

La representante del distrito IV, con cabecera en Huejutla de Reyes, argumentó que Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz contemplan en sus constituciones la posibilidad de enjuiciar al titular del Poder Ejecutivo estatal.

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Agregó que, en el ámbito federal, el presidente de la república es el único servidor público que no puede ser sometido a juicio político, sino solo acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, “de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 y 110 constitucionales”.

“Esta situación excepcional no puede ser emulada por las constituciones locales (…) no es posible equiparar al presidente de la república con los gobernadores de las entidades federativas, puesto que el primero tiene el carácter de representante del Estado Mexicano, y corresponde a cada uno de los Congresos locales emitir las normas reguladoras”, explicó.

SANCIÓN

La propuesta de las diputadas morenistas contempla aplicar sanciones de destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, cuando los funcionarios, por sus actos y omisiones, perjudiquen los intereses comunes fundamentales o su buen despacho

La iniciativa sugiere imponer una sanción de inhabilitación de uno a 20 años

Según Doralicia Martínez, 13 estados de la república contemplan el juicio político a su gobernador dentro de sus constituciones

Emmanuel Rincón | Pachuca

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