Diputadas de la LXV Legislatura del Congreso de Hidalgo presentaron una iniciativa con la finalidad de que deudores alimentarios y personas que hayan cometido agresión política contra mujeres no puedan ser registradas como aspirantes a cualquier cargo de elección popular ni nombradas para empleo o comisión en el servicio público.

La reforma, también conocida como la Ley 3 de 3 contra la Violencia, una propuesta similar aprobada por el Senado en días pasados, tiene la intención también de que los ciudadanos que tengan sentencia firme por cometer delitos contra la vida, integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, o maltrato familiar o doméstico no puedan competir en procesos comiciales.

“El mensaje que se transmite es contundente en el sentido de que las personas que tengan antecedentes como agresoras (…) o por incumplimiento de obligaciones alimentarias no tienen las cualidades que se requieren para representar los intereses de la sociedad”, expresó la diputada Marcia Torres González, del PRI, una de las impulsoras de la iniciativa.

De acuerdo con datos presentados en la propuesta, la presencia de deudores alimentarios ha experimentado un crecimiento más rápido en comparación con el promedio anual nacional, pues en México aumentó a un ritmo de 17.1 por ciento, mientras que, en Hidalgo, fue de 22.6 puntos porcentuales.

Irving Cruz | Pachuca