Multas de hasta 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 51 mil 870 pesos, así como hasta seis años de prisión propuso la diputada Citlalli Jaramillo Ramírez, integrante del Grupo Legislativo Plural Independiente, para quienes cometan delitos relacionados con la sustracción o apropiación de agua potable del servicio público.
La asambleísta consideró que en los últimos años se han incrementado los hechos de “huachicoleo de agua”, lo cual afecta a la sociedad en general, pues el acceso al líquido es considerado un derecho humano.
En este sentido, la legisladora presentó reformas al Código Penal estatal, entre las que se incluye sancionar a quienes sin autorización o permiso sustraigan agua potable de la infraestructura hidráulica, por lo que se les impondrían de dos a seis años de prisión y 100 a 500 veces el valor de la UMA.
Además, estas penas también aplicarán para quienes comercialicen o transporten agua sustraída, aunque variarían de acuerdo con la cantidad de líquido en cuestión.
También se castigaría a quienes alteren o impidan el flujo de agua destinado a los usuarios, con entre dos y seis años de prisión, así como 50 a 250 veces el valor de la UMA, y a quienes alteren los medidores de consumo, con uno a dos años de cárcel y 50 a 100 veces el valor de la UMA.
De acuerdo con datos proporcionados por la diputada, en los municipios administrados por la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) hay hasta 150 mil tomas clandestinas, donde se roban diariamente 2 millones de litros de agua, y desde el inicio de la actual administración se han clausurado más de 2 mil 900.
Jaramillo Ramírez recordó que la Caasim implementó, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), una estrategia denominada Policía Hídrica para vigilar la infraestructura hidráulica.
INCIDENCIA:
- 2 mil 943 tomas clandestinas se han cancelado desde la entrada de la actual administración
- 30 carpetas de investigación por robo de agua, aproximadamente, han sido abiertas; una de ellas, por la extracción con el uso de pipas
- 18 millones de pesos, daño calculado a la hacienda pública por el robo de agua
- 3 millones de pesos al año, costo del funcionamiento de la Policía Hídrica
Irving Cruz
A efecto de evitar robos, vandalismo y manipulación de válvulas, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) puso en marcha la Policía Hídrica, que está conformada por 24 elementos adscritos a la Policía Industrial Bancaria.
Al dar a conocer las acciones que se implementarán para contrarrestar el desabasto de agua en la zona metropolitana, el titular del organismo, Juan Evel Chávez Trovamala, explicó que el funcionamiento de este nuevo cuerpo policiaco tendrá un costo de 3 millones de pesos anuales.
En ese sentido, consideró que dicha cantidad resulta “más barata”, en comparación con lo que implica “desperdiciar” agua. “Esto nos va a permitir ahorrar no solamente en el tema que gastamos en reparar nuestros pozos, sino también en el agua que perdemos de bombeado”.
Confió en que la actuación de los elementos de la Policía Hídrica permitirá que los usuarios de la zona metropolitana “tengan agua en sus casas”, pues una de sus principales funciones será vigilar las 57 perforaciones propiedad del organismo.
Explicó que en cuatro pozos ubicados en el corredor Tizayuca-Laguna robaban agua a la semana, por lo que es la zona más susceptible.
Por otra parte, advirtió que los agentes de la Policía Hídrica tendrán la facultad de remitir a alguna persona ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
“Los elementos van a realizar patrullajes en nuestros acueductos, donde tenemos la mayoría de pozos, que es donde nos roban el cable, y al hacerlo, tenemos que hacer una maniobra de 15 metros que no solo nos cuesta el cable, sino grúa, y corremos el riesgo de que nos dañen las bombas”, explicó.
