Con observaciones, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, regresó al Congreso del estado las reformas a la ley estatal de la familia que el Poder Legislativo aprobó el 25 de abril.

Las modificaciones contemplan que las parejas decidan el orden en que habrán de registrar los apellidos de sus hijos; sin embargo, en caso de que no hubiera acuerdo, el oficial del Estado Familiar, mediante un sorteo, tomará la decisión.

Un día después de su aprobación, integrantes de la comunidad LGBTTTI acusaron que la reforma es discriminatoria, pues no consideraba a las parejas del mismo sexo. A ello, la legisladora promoviente, la panista Claudia Lilia Luna Islas, respondió que eso se debía a que los cambios se basaron en la legislación actual, que no reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Durante la sesión ordinaria de ayer, la secretaria de la Mesa Directiva, Viridiana Jajaira Aceves Calva, informó que el Poder Ejecutivo estatal realizó “observaciones al decreto que reforman los artículos 416 y 417 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo y se turna nuevamente al Congreso para su revisión en la Comisión de Legislación”.

Luna Islas señaló que el gobierno estatal se basó en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “con un tema de Aguascalientes”.

“Nosotros aprobamos (la propuesta) el 25 de abril y resulta que el 8 de mayo la Corte saca un tema con Aguascalientes, donde dos mujeres que quieren registrar son pareja y no les permiten (hacerlo), recurren de manera legal (a apelar), y esa es la sentencia”, dijo.

El proyecto de amparo en revisión 852/2017, presentado por la ministra Norma Lucía Piña, determinó que los hijos de uniones familiares homoparentales tienen derecho a llevar el apellido de —en este caso— sus dos madres mediante un trámite sencillo.

La albiazul explicó que el Ejecutivo solicita que se tome en consideración la resolución.

DIPUTADA PIDE QUE SE ANALICE LA RESOLUCIÓN

Roxana Montealegre Salvador —presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, quien votó contra la iniciativa— dijo que “es un buen momento para revisarla y mejorarla”. Agregó que se deben analizar las observaciones del Ejecutivo y estudiar la resolución de la SCJN.

La legisladora negó que el retorno de la iniciativa al Congreso se trate de un veto. “El hecho de no publicarla y señalar observaciones para otro análisis en la Comisión de Legislación es un hecho sui géneris que surge como respuesta a la altura democrática que se vive en esta división de poderes”.

Emmanuel Rincón | Pachuca