Multas de hasta 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 51 mil 870 pesos, así como hasta seis años de prisión para quienes cometan delitos relacionados con la sustracción o apropiación de agua potable del servicio público fue la propuesta de Citlalli Jaramillo Ramírez, diputada del Grupo Plural Independiente (GPI).
Al respecto, la legisladora local consideró que en los últimos años se han incrementado los hechos de “huachicoleo” del líquido, lo cual afecta a la sociedad en general, pues es el acceso al recurso “es considerado un derecho humano”.
En este sentido, presentó reformas al Código Penal estatal, entre las que se incluye sancionar a quienes sin autorización o permiso sustraigan agua potable de la infraestructura hidráulica, por lo que se les impondría desde dos a seis años de prisión y de 100 a 500 veces la UMA.
Además, estas penas también aplicarán para quienes comercialicen o transporten líquido sustraído, aunque las multas dependerán de la cantidad hurtada.
También se castigará a quienes alteren o impidan el flujo de agua destinado a los usuarios, con entre dos a seis años de prisión y de 50 a 250 veces la UMA, así como a los que alteren los medidores de consumo con entre uno y dos años de reclusión y el pago de 50 a 100 veces la UMA.
De acuerdo con datos proporcionados por Jaramillo Ramírez, en los municipios administrados por la Caasim existen hasta 150 mil tomas clandestinas, donde se roban diariamente 2 millones de litros del recurso y, desde el inicio de la actual administración estatal, se han clausurado más de 2 mil 900.
La legisladora recordó que, en días pasados, la comisión implementó, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), una estrategia denominada Policía Hídrica, mediante la cual se vigilará la infraestructura hidráulica, por lo que consideró que estas reformas al Código Penal podrían coadyuvar a las acciones para prevenir y sancionar el robo de agua.
Irving Cruz | Pachuca
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