¿Telcel será sancionada por la filtración de datos? Ya se registró un incidente en el registro de líneas telefónicas

El pasado 9 de enero, se detectó una grave brecha de ciberseguridad en el portal de registro obligatorio de líneas telefónicas de Telcel, lo que ha generado inquietud entre los usuarios y las autoridades.  

Este incidente, que ocurrió tras el inicio del padrón de telefonía móvil, permitió que datos personales sensibles, como nombres completos, CURP, RFC y correos electrónicos, fueran accesibles con solo ingresar un número telefónico, sin contar con medidas de autenticación robusta como contraseñas o códigos enviados por SMS.  

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A pesar de que Telcel negó la existencia de una filtración masiva de datos, reconoció la vulnerabilidad y afirmó que se corrigió de inmediato. 

Hasta el momento, las autoridades regulatorias, como la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, han iniciado investigaciones al respecto, pero no se han impuesto sanciones formales.  

Según Víctor Ruiz, CEO de la empresa de ciberseguridad Silikn, aunque la brecha podría dar lugar a sanciones regulatorias y administrativas bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, las probabilidades de que Telcel sea sancionada son mínimas debido a que el gobierno ha delegado a las empresas telefónicas la responsabilidad de la seguridad de los datos.

Posibles sanciones a Telcel por la brecha en el portal de líneas telefónicas 

El incidente de ciberseguridad expuso la falta de salvaguardas efectivas en la protección de los datos personales de los usuarios, algo que podría haber sido regulado con mayores medidas de protección en el marco de la legislación mexicana.  

De acuerdo con el CEO de Silikn, el caso podría llevar a sanciones de carácter administrativo que van desde cientos de miles hasta millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y el tipo de datos involucrados.  

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Sin embargo, la falta de una Ley de Ciberseguridad, que aún está pendiente de aprobación en el Congreso desde hace más de ocho años, ha hecho que la situación sea aún más compleja para imponer sanciones claras en estos casos. 

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