Se tambalea presidenciable; los investigan por encabezar red de lavado de dinero

Una investigación en curso apunta a un posible esquema de manejo irregular de recursos públicos en  Nuevo León, en el que estaría vinculado el gobernador Samuel García, junto con integrantes de su entorno familiar.

De acuerdo con la información disponible, la indagatoria —a cargo de la Fiscalía General de la República— se centra en el uso de un despacho jurídico relacionado con la familia del mandatario, identificado como Firma Jurídica y Fiscal S.C., el cual habría sido utilizado como punto de recepción de recursos provenientes de distintas dependencias estatales.

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Las autoridades revisan una serie de transferencias que, según los datos, se habrían realizado a través de varias empresas intermediarias. En uno de los casos, una compañía identificada como Suministro MYR recibió cerca de 964 millones de pesos del gobierno estatal, para posteriormente canalizar parte de esos fondos a otras firmas, hasta llegar al despacho vinculado con la familia del gobernador Samuel García.

Un patrón similar se observa en otras operaciones. Por ejemplo, pagos por más de 243 millones de pesos habrían sido realizados a la empresa Txat Latam, los cuales siguieron una ruta de dispersión financiera hacia otros despachos antes de concluir en la misma firma jurídica, relacionada con Samuel García.

En otro bloque de movimientos, el Instituto de Movilidad estatal habría transferido más de 5 mil millones de pesos a una empresa constructora, recursos que posteriormente fueron redistribuidos a otras compañías hasta llegar nuevamente al despacho investigado, mediante transferencias que incluyeron montos por cientos de millones de pesos.

Además, se identificó un cuarto flujo de recursos provenientes de organismos relacionados con infraestructura hidráulica y manejo de residuos, que siguieron un esquema similar de triangulación financiera.

Posible dispersión internacional

Según los reportes, una vez concentrados los recursos en el despacho jurídico, estos habrían sido enviados a otra empresa inmobiliaria, desde donde se dispersaron a distintas jurisdicciones, incluyendo transferencias hacia el extranjero, principalmente a Estados Unidos.

Las autoridades consideran que este mecanismo pudo haber sido diseñado para dificultar el rastreo del origen y destino final del dinero.

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Hasta el momento, la investigación continúa en fase de integración, sin que se haya informado sobre resoluciones judiciales definitivas.

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