¿Qué hay detrás de la polémica “Ley Esposa”? De la paridad de género a la sucesión familiar

La “Ley Esposa” ha generado debate a nivel nacional y en Hidalgo. El término, nacido del periodismo político, hace referencia a las reformas constitucionales locales que exigen a los partidos políticos postular exclusivamente a mujeres para la gubernatura en las siguientes elecciones.

Bajo el pretexto de la paridad de género y la reivindicación histórica, esta medida ha sido promovida como una estrategia para asegurar la representación femenina en los cargos políticos más altos.

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Sin embargo, en la práctica, muchos la ven como un mecanismo para asegurar la sucesión familiar en el poder, especialmente en casos donde los gobernadores en turno facilitan la candidatura de sus esposas, quienes ya cuentan con un capital político propio.

Esta práctica, por lo tanto, ha sido denunciada por muchos como un “ajedrez electoral” que busca perpetuar a las mismas familias en el poder.

Algunos ejemplos destacados incluyen:

• San Luis Potosí: El Congreso estatal aprobó la reforma, pero fue vetada este 12 de enero por el gobernador Ricardo Gallardo tras la presión de Claudia Sheinbaum y Morena, debido a que beneficiaba directamente a Ruth González Silva, esposa del gobernador.

• Nuevo León: Se perfiló la “Ley Mariana”, diseñada para blindar la candidatura de Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García.

• Chiapas y Zacatecas: Se mantienen bajo vigilancia por posibles reformas que aseguren la permanencia de grupos familiares en el poder.

El panorama en Hidalgo: Freno a la ‘Ley Gobernadora’

En Hidalgo, el intento de implementar la “Ley Gobernadora” vivió un giro inesperado. A finales de diciembre de 2025, el Congreso estatal, dominado por Morena y sus aliados, impulsó una reforma que obligaría a los partidos políticos a postular únicamente a una mujer para suceder a Julio Menchaca en 2028, además de ampliar el periodo de gobierno de dos a cinco años.

La reacción en Hidalgo: Un freno estratégico

Aunque la reforma tenía el respaldo de Morena, especialmente por la defensa del dirigente estatal Marco Antonio Rico, quien la calificó como una “obligación de alternancia”, la situación se complicó. Carolina Viggiano, del PRI, criticó la propuesta, argumentando que la paridad ya está garantizada en la Constitución Federal y que esta reforma no hacía más que ser un intento de ajedrez electoral.

El verdadero freno a la reforma se dio cuando el gobernador Julio Menchaca Salazar solicitó una revisión exhaustiva de la constitucionalidad de la propuesta. Menchaca, al igual que Sheinbaum a nivel federal, temía que esta medida pudiera generar impugnaciones judiciales y podría entrar en conflicto con las reformas que se están impulsando a nivel nacional, como la reforma antinepotismo.

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Por lo tanto, la reforma fue retirada del pleno en la última sesión de 2025 y enviada a revisión técnica para evitar futuros problemas legales. En este momento, la ley está en pausa, y se considera “muerta políticamente”, debido a los efectos negativos que ha tenido la situación en San Luis Potosí.