Reforma en México amplía delitos que ameritan prisión preventiva de oficio
La medida ha generado controversia entre la oposición y organismos internacionales, que critican su efecto sobre los derechos humanos
La Cámara de Diputados aprueba la reforma que amplía la lista de delitos con prisión preventiva de oficio
La Cámara de Diputados de México aprobó la noche del miércoles una reforma constitucional que amplía los delitos que ameritan prisión preventiva de oficio, una figura cuestionada por la ONU y diversas oenegés.
Con 335 votos a favor y 108 en contra, la mayoría en la Cámara de Diputados aprobó ampliar el listado de crímenes que ameritan prisión preventiva de oficio para incluir la extorsión, el contrabando y el tráfico de fentanilo.
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Originalmente, el dictamen incluía también el narcomenudeo y la defraudación fiscal, pero los diputados los retiraron a última hora.
El Senado ahora debe discutir y, en su caso, aprobar esa reforma.
La prisión preventiva de oficio o automática permite encarcelar sin juicio o sentencia a personas acusadas por delitos como el feminicidio, delincuencia organizada, secuestro y la trata de personas. Por ello, los acusados permanecen en prisión mientras la fiscalía realiza las investigaciones.
Reforma a la prisión preventiva de oficio genera división en el Congreso
Durante el debate, la oposición acusó que la prisión preventiva de oficio no ha disminuido los índices delictivos en el país.
“La reforma va en contra de todo lo establecido en la legislación internacional en materia de derechos humanos. Estamos en contra porque es una herramienta para meter a la cárcel a inocentes”, dijo la diputada del opositor PAN (derecha) Annia Sarahí Gómez.
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En contraste, el legislador de Morena, Leonel Godoy, dijo que esta figura es una necesidad de la coyuntura que ha logrado disminuir los índices delictivos.
La prisión preventiva de oficio fue incorporada por primera vez a la Constitución mexicana en 2008, y en 2019 fue reforzada para añadir otros crímenes como los delitos electorales y el robo de hidrocarburos.
Varias organizaciones de derechos humanos han acusado que en México se ha abusado por años de la prisión preventiva de oficio, lo que ha provocado que la gente permanezca años en la cárcel sin una sentencia.
En 2022, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU exhortó a México a anular la prisión preventiva de oficio al acusar que “ha llevado a múltiples violaciones de derechos humanos”.
Hasta 2023, en México el 43 por ciento de la población privada de la libertad estaba bajo la figura de la prisión preventiva de oficio, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).
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