Morena y aliados amplían prisión preventiva oficiosa pese a críticas de derechos humanos

Pese a los señalamientos de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, Morena y sus aliados ampliarán una vez más el catálogo de crímenes que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo la extorsión, el narcomenudeo, cualquier actividad relacionada con el fentanilo y drogas sintéticas, así como delitos en materia fiscal y aduanal.

Los diputados de Morena, junto con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), planean aprobar entre el martes y el miércoles una reforma al artículo 19 de la Constitución para añadir más delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa.

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Esta medida cautelar implica el encarcelamiento automático de las personas acusadas de los delitos listados en el artículo 19 constitucional, que actualmente contiene 15 tipos de crímenes. Las personas señaladas permanecen en prisión durante el tiempo que dure la investigación y hasta su sentencia.

Los legisladores de Morena y sus aliados prevén aprobar la reforma, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a México modificar la prisión preventiva oficiosa debido a posibles violaciones a los derechos humanos.

La prisión preventiva oficiosa será dictada de manera obligatoria por jueces y juezas. Para lograrlo, Morena también propuso añadir un párrafo al artículo 19 que establece: “los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad (de la ley), quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”.

Esta no será la primera vez que Morena amplía el número de delitos que ameritan prisión preventiva. En 2019, cuando iniciaba el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, los legisladores del partido guinda añadieron nueve tipos de crímenes que se castigan con cárcel automática durante la investigación.

Contra el delito de extorsión

La reforma al artículo 19 constitucional que Morena y sus aliados buscan aprobar es una iniciativa del expresidente López Obrador, quien dejó una agenda legislativa en la que el Senado y la Cámara de Diputados continúan trabajando.

En el caso de la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el expresidente incluyó la extorsión, un crimen que no pudo contener y que persiste en el primer mes de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Entre enero y septiembre de 2024 se registraron 8 mil 151 víctimas de extorsión en México, mientras que en el mismo periodo de 2018 fueron 5 mil 96. Esto representa un aumento del 59 por ciento en comparación con el año en que Morena asumió el gobierno con Andrés Manuel López Obrador.

Para combatir este delito, el expresidente propuso considerar la extorsión como un delito grave y aplicarle la prisión preventiva oficiosa, esperando que esta medida cautelar pueda reducir su incidencia.

Tráfico de fentanilo y narcomenudeo

Las personas que cometan actividades relacionadas con el tráfico de fentanilo o cualquier otra droga sintética serán castigadas con prisión preventiva oficiosa.

En Estados Unidos, el fentanilo provocó la muerte de 70 mil personas en 2021. Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, amenazó a México con imponer aranceles a todos sus productos si el gobierno no logra controlar el tráfico de esta droga.

En respuesta a este problema, el expresidente López Obrador propuso encarcelar automáticamente a las personas que realicen cualquier tipo de actividad relacionada con el fentanilo, una iniciativa respaldada por Morena y sus aliados en el Congreso.

Al igual que el tráfico de fentanilo o cualquier droga sintética, el narcomenudeo también será incluido en el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Se castigarán con cárcel automática

Los delitos fiscales y aduanales también fueron incluidos en la reforma que Morena y sus aliados prevén aprobar esta semana en la Cámara de Diputados.

Según el dictamen que estará en discusión, en 2023 las autoridades federales detectaron a 10 mil 790 personas involucradas en esquemas de defraudación fiscal, lo que afecta la recaudación de recursos destinados a la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, la infraestructura, los servicios de salud y distintos programas sociales.

Entre 2017 y 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que los esquemas de facturación falsa provocaron un daño al país de 338 mil millones de pesos.

Animal Político

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