La Secretaría de Gobernación indicó que la saxofonista María Elena Ríos, quien sobrevivió a un ataque con ácido en 2009, cuenta con protección del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero sólo en Oaxaca.
En un pronunciamiento, indicó que Ríos contó con un esquema de protección en la Ciudad de México y Oaxaca, pero la Junta de Gobierno del Mecanismo reevaluó el riesgo y a partir de marzo de este año decidió “concentrar” en Oaxaca las medidas de seguridad.
“Sobre el caso de la joven saxofonista María Elena Ríos, se informa que desde julio de 2021 es beneficiaria del Mecanismo, (…) por lo que contó con un esquema de protección en la Ciudad de México y Oaxaca”, señaló.
“Luego de una reevaluación de su situación de riesgo, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección, en el mes de marzo de este año decidió por unanimidad concentrar las medidas de protección en el Estado de Oaxaca al tomar en cuenta las particularidades de su caso”.
La Segob recodó que la definición de las medidas de protección no recae en una sola persona o institución, ya que la Junta de Gobierno es un ente colegiado integrado por las Secretarías de Gobernación, Seguridad (SSPC) y Relaciones Exteriores (SRE).
Asimismo, por la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Ciudadano, que está integrado por personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Inconforme con la decisión de “concentrar” la protección en Oaxaca, la joven saxofonista, quien ayer acudió a Palacio Nacional para exigir que no sea liberado uno de los autores intelectuales del ataque, impugnó dicha decisión.
Sin embargo, el 27 de mayo de 2022, una vez que reevaluó su situación de riesgo, la Junta de Gobierno confirmó la decisión por mayoría y determinó que el esquema de protección con el que cuenta tenga su implementación en el Estado de Oaxaca y no en la capital del País.
“En este caso, los análisis de riesgo realizados y servicios de protección otorgados en el caso de la beneficiaria María Elena Ríos, se circunscriben al riesgo que ella tiene como defensora de derechos humanos y no a su situación como víctima del delito”, especificó.
“La cual tiene que ser valorada por las autoridades de procuración y administración de justicia estatales en el ámbito de sus competencias, para así determinar lo conducente”.
Antonio Baranda | Agencia Reforma
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