México refuerza su Constitución: El Congreso aprueba reforma que cierra la puerta a la Suprema Corte

El Congreso de México aprobó una norma que impedirá a la Suprema Corte invalidar la reforma constitucional que consagró la elección de jueces por voto popular.

La disposición entró en vigor el viernes pasado, cuatro días antes de que la Corte discuta un proyecto de sentencia que plantea declarar inconstitucional la elección de jueces, salvo la de los ministros del máximo tribunal.

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Las votaciones están programadas para el 1 de junio de 2025 y constituyen el corazón de la reforma impulsada por el oficialismo de izquierda, que asegura que el poder judicial está sumido en la corrupción y la inoperancia.

Pero la oposición, uno de cuyos partidos impugnó la enmienda en la Suprema Corte, asegura que la elección de jueces —aprobada hace dos meses en el Congreso— fulminará la independencia de poderes y politizará la justicia.

Estados Unidos y Canadá también han advertido que la elección podría socavar la independencia de los jueces y dejarlos a merced de los cárteles del narcotráfico, con impacto en el tratado comercial T-MEC que estos países mantienen con México.

La mayoría de los 11 ministros del Supremo se oponen a la reforma, por lo que el oficialismo se apresuró a modificar un artículo de la Constitución que otorgaba facultades a ese tribunal para revisar los cambios a la Carta Magna.

“Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”, señala el decreto, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y publicado en el Diario Oficial.

Sheinbaum asegura que la Suprema Corte carece de facultades para echar abajo la enmienda, por lo que, a su juicio, el fallo que será discutido el próximo martes supone una extralimitación de funciones.

Ocho ministros de ese tribunal renunciaron el pasado miércoles, como determinó la reforma para los jueces que declinaran participar en las elecciones.

Las dimisiones se harán efectivas el 31 de agosto de 2025.

Declaratoria histórica

El Senado de la República emitió la declaratoria de aprobación de la reforma que establece la improcedencia de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo en contra de reformas o adiciones a la Constitución. Esta medida, impulsada por la actual mayoría en el Congreso, refuerza la supremacía de la Constitución y blinda sus reformas de ser cuestionadas legalmente.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, anunció que se instruyó a la Dirección Jurídica para que, una vez promulgada y publicada la reforma, solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el sobreseimiento de cualquier impugnación vigente en contra de reformas recientes, especialmente aquellas que afectan al Poder Judicial.

“Con esto, nadie estará por encima de la Constitución”, enfatizó.

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El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, celebró la aprobación de la reforma como un logro significativo para la estabilidad institucional. López Hernández aseguró que esta medida representa “la reforma constitucional más profunda del país”.

Durante la sesión, la Secretaría de la Mesa Directiva informó que la reforma fue aprobada por 23 congresos estatales, incluido el Estado de México, Hidalgo y Chiapas, con lo cual se obtuvo el respaldo necesario para la declaratoria.

No obstante, la enmienda ha generado una fuerte división. Alejandro Moreno Cárdenas, del PRI, acusó a la mayoría legislativa de “destruir la república y el sistema judicial”. Por su parte, Claudia Anaya Mota criticó la rapidez con que los congresos locales aprobaron la reforma, afirmando que se realizaron votaciones en tiempo récord, sin un debate a profundidad. “¿A qué hora leen? ¿A qué hora estudian? ¿A qué hora tratan de comprender que están destruyendo al país?”, cuestionó desde su escaño.

En defensa de la reforma, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara de Morena expresó que la aprobación representa un avance en la soberanía popular. “El pueblo nos guía y la supremacía de la Constitución debe ser respetada”, afirmó.

Con el envío del documento al Diario Oficial de la Federación, la reforma quedará próxima a su publicación y promulgación, consolidando la imposibilidad de impugnar legalmente los cambios que el Congreso y las legislaturas locales realicen a la Constitución en el futuro. Este paso subraya el compromiso del Senado con una Carta Magna inalterable por cualquier medio judicial, generando tanto respaldo como preocupación en el ámbito político y social del país.

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