Organizaciones civiles advierten que al menos 25 aspirantes tenían antecedentes penales o vínculos con el crimen organizado; seis de ellos resultaron electos

La elección judicial, con apenas 13% de participación ciudadana, abre un debate histórico sobre la independencia y los riesgos de politización de la justicia en México
México inaugura una “nueva era” este lunes con la instauración de los primeros jueces elegidos por voto popular, un hito para la justicia de un país dañado por la impunidad, pero que la deja expuesta al influjo del poder político y del crimen organizado.
Jueces de la Suprema Corte, magistrados del tribunal electoral y numerosos juzgadores distritales y estatales completan los más de dos mil cargos que asumen funciones este lunes, tras los inéditos comicios del pasado 1 de junio.
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Dicha elección fue cuestionada tanto por la escasa participación, de apenas 13 por ciento del electorado, como por denuncias de irregularidades y mecanismos ilícitos que se emplearon para encauzar el voto hacia candidatos afines al oficialismo de izquierda.
Destaca la llegada del indígena mixteco Hugo Aguilar, el candidato más votado, a la presidencia de la Suprema Corte conformada por nueve integrantes, seis de ellos cercanos al oficialismo.

Sus raíces indígenas fueron realzadas durante una ceremonia de “consagración” de bastones de mando.
“Tengan la seguridad de que es una corte distinta (…), aquí el pensamiento y el corazón no lo va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo”, dijo a periodistas Aguilar, antiguo funcionario del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), durante la ceremonia.
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Defensorxs detectó además al menos 25 aspirantes “altamente riesgosos” porque poseían antecedentes penales, por delitos desde corrupción hasta trata de personas, o enfrentaban acusaciones de complicidad con grupos del crimen organizado.
Seis de estas personas resultaron elegidas, señala Meza.
Una de ellas fue Silvia Delgado, exabogada del encarcelado capo del narcotráfico Joaquín “Chapo” Guzmán, quien asumirá como jueza penal en el estado de Chihuahua (norte).
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