México: el país más peligroso del mundo para alcaldes y funcionarios locales

México se posicionó en 2024 como el país más peligroso del mundo para alcaldes, concejales y funcionarios públicos locales, con un aumento del 29% en la violencia respecto al año anterior. Así lo revela la iniciativa global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED), que alerta sobre el alto riesgo que enfrentan servidores públicos en zonas marcadas por el crimen organizado y disputas territoriales.

Durante 2024 se reportaron 324 eventos violentos contra autoridades locales en México, que incluyen asesinatos, ataques armados, secuestros y desapariciones. Esta cifra supera a la de países con conflictos armados internos, como Myanmar, y destaca especialmente en estados como Sinaloa, Michoacán y Veracruz, considerados los más peligrosos para los servidores públicos.

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Entre los casos más recientes se encuentran los asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como el homicidio del presidente municipal de Tacámbaro, Salvador Bastida García, y su escolta, Pastor Cortez Álvarez, en Michoacán.

La violencia política se mantiene como un fenómeno preocupante en México, impulsado tanto por conflictos electorales como por disputas entre grupos criminales.

México en crisis: violencia crece entre autoridades municipales y criminales

Según Sandra Pellegrini, analista principal de ACLED para América Latina, las figuras políticas locales son blanco frecuente de grupos armados que buscan controlar recursos y posiciones de poder, en un contexto de reconfiguración del crimen organizado, particularmente en el Cártel de Sinaloa.

Estados como Veracruz han experimentado un repunte de violencia política en el marco electoral, con ataques a autoridades electorales y disturbios poselectorales. En Chiapas, las tensiones incluyen daño a material electoral y disputas territoriales.

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El informe también subraya que la violencia no se limita a periodos electorales, sino que responde a una lucha constante por el control territorial, con un aumento considerable de ataques y coacciones a funcionarios para favorecer intereses criminales.