El SAT podrá monitorear tus transacciones en plataformas como Netflix y Uber; en esto consiste nueva reforma

La reciente aprobación de una reforma al Código Fiscal de la Federación ha generado debate público por el alcance que tendría el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre la información de millones de usuarios de plataformas digitales como Netflix, Amazon, Tinder y Uber. La disposición, impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que el organismo podrá acceder en tiempo real a datos fiscales gestionados por dichas aplicaciones.

El gobierno federal argumentó que la medida busca optimizar la recaudación y garantizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. Sin embargo, organizaciones civiles y especialistas en derechos digitales advirtieron que la medida podría vulnerar la privacidad de los usuarios y permitir un acceso amplio a información personal sin controles suficientes.

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De acuerdo con el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, la reforma adiciona el artículo 30-B al Código Fiscal de la Federación. En él se establece que los prestadores de servicios digitales deberán permitir al SAT acceso permanente a la información que acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El texto detalla que el organismo podrá acceder a registros de transacciones, historiales de facturación, comprobantes de pago y datos de suscripción o consumo con relevancia fiscal.

El SAT tendría monitoreo en tiempo real de las plataformas

El nuevo artículo contempla que el SAT celebre convenios con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para garantizar la conectividad con los sistemas de las empresas tecnológicas.

Esta disposición forma parte del Paquete Económico 2026, aprobado por mayoría con los votos de Morena y sus aliados.

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Entre las preocupaciones expresadas por organizaciones defensoras de derechos digitales, como Artículo 19, destaca que la redacción del artículo es ambigua y podría permitir interpretaciones amplias sobre los alcances del acceso a datos.

Por su parte, legisladores de oposición señalaron que esta medida podría crear un precedente riesgoso, al otorgar al Estado facultades de monitoreo sobre la actividad digital de los ciudadanos. Las sanciones previstas incluyen el bloqueo temporal de las plataformas que nieguen el acceso a la información requerida.

De aprobarse también en el Senado, la reforma entraría en vigor el 1 de abril de 2026, con un periodo previo para que las empresas implementen los ajustes técnicos necesarios.

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