El Congreso de Guanajuato aprobó el matrimonio igualitario y sancionó las terapias de conversión, con reformas que buscan garantizar derechos humanos y frenar prácticas discriminatorias en el estado

Diputados avalaron reformas al Código Civil y Penal que garantizan igualdad legal para parejas del mismo sexo y castigan prácticas de conversión consideradas violentas
El Congreso de Guanajuato aprobó reformas históricas al Código Civil que permiten el matrimonio igualitario, sustituyendo los términos “marido y mujer” por “personas cónyuges” y alineando la legislación estatal con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con 25 votos a favor y 9 en contra, la entidad salda una deuda histórica en materia de derechos humanos, según legisladores que respaldaron la reforma.
Se trata de un avance significativo para la comunidad LGBTIQ+, ya que garantiza el derecho a conformar una comunidad de vida sin discriminación. Durante la discusión legislativa, diputadas como Sandra Alicia Pedroza Orozco, de Movimiento Ciudadano, destacaron que esta decisión envía un mensaje de igualdad: “Amar a quienes queramos, sin importar su sexo, tiene que ser un derecho para todas las personas”.
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Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de controversia. Algunos legisladores del PAN manifestaron resistencia, argumentando que el Código Civil de Guanajuato ya garantiza igualdad y que modificar conceptos esenciales no fortalece el marco jurídico estatal. Aun así, el dictamen avanzó con una votación dividida dentro del propio partido.

En una misma sesión, el Congreso aprobó también reformas al Código Penal para sancionar los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), conocidos como terapias de conversión. Quien obligue o imparta estas prácticas a un menor de edad enfrentará de dos a seis años de prisión y multas de 20 a 60 días.
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De acuerdo con el dictamen, los ECOSIG constituyen violencia física, moral o psicoemocional, así como tratos crueles, inhumanos o degradantes. El delito será perseguido de oficio, y si el agresor es padre, madre o tutor, enfrentará sanciones económicas y tratamiento psicoterapéutico integral.
Legisladoras como María Eugenia García Oliveros, de Morena, subrayaron que estas prácticas han causado dolor en silencio durante décadas y “no curan nada”; por el contrario, dejan heridas emocionales y sociales profundas. Del mismo modo, Luz Itzel Mendo González, del Partido Verde, resaltó que la aprobación representa un acto de respeto a los derechos humanos, pues convierte en delito cualquier intento por borrar o modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona.
Con estas decisiones, Guanajuato avanza hacia un marco legal más incluyente y protector de la dignidad humana, mientras diversos sectores reconocen que aún falta fortalecer las políticas públicas de acompañamiento, educación y prevención de violencia contra la comunidad LGBTIQ+.
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