La Fiscalía de Guanajuato obtuvo una sentencia histórica contra el responsable del despacho Punto Legal, quien engañó a 107 familias mediante la supuesta venta de viviendas

Las investigaciones acreditaron que las víctimas entregaban importantes cantidades de dinero creyendo que adquirían casas en remates bancarios
Una sentencia sin precedentes fue dictada en Guanajuato contra Edgar Francisco Franco Ríos, abogado y responsable del despacho Punto Legal, quien fue condenado a mil 18 años y cuatro meses de prisión por un fraude inmobiliario que dejó sin patrimonio a 107 familias en el municipio de León.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato calificó el fallo como una sentencia histórica, al considerar que se logró hacer justicia para decenas de víctimas que durante años buscaron recuperar el dinero invertido en la supuesta compra de viviendas.
De acuerdo con las investigaciones, el despacho Punto Legal promocionaba en Facebook Marketplace y otras redes sociales la venta de casas en supuestos remates bancarios, con precios que rondaban entre 200 mil y 250 mil pesos, una cifra muy por debajo del valor comercial.
Las víctimas eran convencidas de pagar de contado y firmar documentos que aparentaban ser operaciones legales. Sin embargo, posteriormente descubrían que los inmuebles no estaban en remate, no pertenecían al despacho o no existía ninguna facultad legal para venderlos.
Las investigaciones acreditaron que, en realidad, los clientes firmaban contratos de prestación de servicios, no escrituras de compraventa, por lo que nunca obtenían la propiedad prometida.

Aunque existían denuncias desde años anteriores, el caso tomó fuerza en 2023, cuando decenas de afectados comenzaron a denunciar públicamente el esquema de fraude y realizaron manifestaciones para exigir la intervención de las autoridades.
Edgar Francisco Franco Ríos fue detenido ese mismo año. En un primer momento obtuvo su libertad mediante un amparo, pero posteriormente fue reaprehendido y el proceso judicial continuó hasta llegar a la sentencia definitiva. En 2024 también fue vinculado a proceso, junto con otros familiares, por presunta asociación delictuosa.
Además de la condena de prisión, el juez ordenó la reparación integral del daño por un monto superior a 33 millones de pesos.
La sentencia contempla:
La Fiscalía destacó que uno de los principales objetivos del proceso fue garantizar que las víctimas recuperen el dinero perdido, además de sancionar penalmente al responsable.
Aunque la sentencia suma mil 18 años y cuatro meses de cárcel, la legislación penal de Guanajuato establece un máximo de 80 años de prisión efectiva, por lo que esa será la pena máxima que podrá compurgar.
No obstante, las autoridades explicaron que la acumulación de penas refleja el número de víctimas y la gravedad del fraude cometido, además de fortalecer el derecho de cada persona afectada a obtener una reparación del daño.
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