Más de 23 mil personas en México han desaparecido de 2018 a 2020; pero apenas 811 casos, es decir el 3.5 por ciento, fueron registradas como víctimas de desaparición forzada o cometida por particulares, según un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

Con base en solicitudes de información, la organización detectó que de las 23 mil desapariciones reportadas en la actual Administración federal apenas un tercio son investigadas por las fiscalías de los estados bajo supuestos de algún delito.

“Las desapariciones no se están investigando como delitos de desapariciones. La mayoría están en uno de dos supuestos o se están investigando como otros delitos o no se están investigando como delitos”, explicó Stephanie Brewer, directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA.

“Hay problemas graves en ambos casos: si están como otros delitos, por ejemplo, privación ilegal de la libertad, entonces las investigaciones estarán fragmentadas y no estarán en la Fiscalía especializada; y si no se están investigando como delitos, más difícilmente habrá justicia”.

La Ley General en materia de Desaparición de Personas, que entró en vigor a inicios de 2018, obliga a las autoridades a investigar cualquier caso sospecho-so, como una desaparición, lo

que el informe de WOLA demuestra que no se está aplicando. “Eso al final se traduce en la impunidad y mientras siga la impunidad, como regla, va a seguir la crisis; terminar con las desapariciones empieza por la justicia”, agregó Brewer.

Actualmente, en México hay más de 90 mil personas desaparecidas, principalmente a partir de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón comenzó el combate frontal a los grupos del narcotráfico, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Brewer recordó que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que agrupa a las Fiscalías de los estados y a la Fiscalía General de la República (FGR)- no estuvo de acuerdo con el Protocolo Homologado de Búsqueda y que la FGR intentó salirse del Sistema Nacional de Búsqueda.

César Martínez I Agencia Reforma