Un año sin Rosaura, sin responsables ni sentencia por su feminicidio

“Solo me queda llorar por ti, aunque después, día feliz, llegue a alumbrar mi vivir así; aunque después, día feliz, llegue a alumbrar mi vivir así”, es parte de la canción Esperar, de Julio Jaramillo, que suena dentro de una casa de la colonia El Arrepentimiento, en Azoyatla; ello, a un año del feminicidio de Rosaura y su madre, así como el homicidio de su hermano.

El 5 de febrero de 2025, Azoyatla amaneció con una amarga noticia: el feminicidio de Rosaura a manos de su expareja Marco Antonio N, un expolicía municipal de Mineral de la Reforma y un agresor en libertad por la omisión de las autoridades a los intentos de auxilio de Rosaura.

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A un año del feminicidio, Marco Antonio permanece recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, aún sin sentencia y tras ser detenido horas después del crimen que cobró la vida de tres personas y dejó en orfandad a dos menores. Detención que ocurrió en un contexto de violencia acreditada en contra de Rosaura, de una liberación del mismo Cereso por privar de la libertad a la víctima y con antecedentes de denuncias previas.

Un día después del feminicidio que arrebató la vida a Rosaura, una de sus amigas y excompañera de trabajo levantó la voz para evidenciar la omisión de las autoridades en la protección de su amiga, pues afirmó haber sido testigo de la intimidación que el agresor ejercía en contra de Rosaura y acusó a la jueza Janett Montiel Mendoza de haber dejado en libertad a Marco Antonio, pese al riesgo que corría su amiga por esa decisión.

“A mí me tocó ver el miedo, a mí me tocó estar con ella, cuatro-cinco ocasiones que salía de trabajar y estaba la persona vestida de policía municipal, en su camioneta particular e incluso en las patrullas de Mineral de la Reforma. Yo lo vi, yo lo presencié […] Me tocó estar a su lado cuando ninguna llamada se podía enlazar casualmente, cuando ella llamaba porque tenía una orden de restricción y todas las llamadas se desviaban como si el teléfono no tuviera señal y hoy está muerta”, declaró la amiga de Rosaura, con la voz entrecortada y frente a una mesa repleta de autoridades estatales.

Autoridades niegan fallas de las instituciones

Pese a ello, tanto las autoridades del Ejecutivo estatal como del Poder Judicial de Hidalgo negaron fallas en el actuar institucional para la protección de Rosaura. Asimismo, en el caso de la presunta complicidad de elementos de seguridad municipal de Mineral de la Reforma en el hostigamiento ejercido contra la víctima, el alcalde Eduardo Medécigo Rubio afirmó que las investigaciones concluyeron sin detectar a ningún implicado o sanción por el hecho.

“Lo que resolvió la contra interna es que no hubo ninguna situación que involucre a algún compañero de la administración pública, ya sea en general o en el caso específico de la policía municipal”, afirmó el edil a un año del feminicidio.

Asimismo, a un año del crimen, todas las líneas de investigación del caso continúan en curso, mientras la vida de un padre, un hermano y dos hijos también continúa sin recibir justicia o reparación del daño.

Poco a poco Azoyatla vuelve a la normalidad 

También, a un año, continúan pedazos de cintas amarillas con la palabra “evidencia” sobre el portón blanco de la casa que algún día habitaron Rosaura y su familia. Ahora, su padre regresó a la vivienda y las patrullas que permanecían en el lugar de los hechos se retiraron, según el testimonio de los vecinos.

Aun con reservas y pocos detalles, algunas vecinas de Azoyatla relataron lo impactante del suceso y cómo aumentaron los rondines policiacos en la zona una vez que se dio el hecho, mismos que, dijeron, han disminuido con el paso del tiempo.

“Nos apoyábamos en todo lo que podíamos, pero no sabía si sufría violencia. Fuimos vecinas, muy amigas con su mamá. Era buena onda. La verdad, muy buenas gentes las dos”, recordó uno de los testimonios.

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El feminicidio de Rosaura fue el caso más mediático de 2025, por las características del hecho, los antecedentes y el perfil del imputado del crimen. Sin embargo, durante ese año, otros 13 hechos fueron denunciados bajo el protocolo de feminicidio, aunque activistas señalan hasta 75 muertes violentas de mujeres en ese periodo.

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