Tlahuelilpan: el panorama del huachicol siete años después de la explosión
Hace siete años, una tarde cualquiera de enero se convirtió en una página trágica de la historia de México y de Hidalgo, cuando la explosión de un ducto en Tlahuelilpan dejó un saldo de 137 muertos
Hace siete años, una tarde cualquiera de enero se convirtió en una página trágica de la historia de México y de Hidalgo. El 18 de enero de 2019, en la comunidad San Primitivo, en los límites de Tlahuelilpan y Tlaxcoapan, una multitud rodeó una toma ilegal de gasolina, un hilo de combustible que brotaba de la tierra, sin saber que estaba a punto de convertirse un río de fuego.
Esa tarde, decenas de personas se congregaron alrededor de una fuga de hidrocarburo en el ducto de Pemex que corre entre Tuxpan, Veracruz, y el complejo industrial de Tula, Hidalgo.
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La explosión que siguió sonó como un estruendo detenido, aseguraron testigos, y dejó un saldo de 137 personas fallecidas, según cifras oficiales de autoridades federales y locales, así como decenas más con heridas graves que marcaron sus cuerpos y sus vidas.
Siete años después, esa imagen de fuego continúa en la memoria colectiva de los hidalguenses; las cifras oficiales sobre los heridos y fallecidos se han convertido en estadísticas, pero detrás de cada número hay un nombre, una familia.
Lo que fue una espera por hacerse con combustible sustraído de manera ilegal se transformó en una tarde de tragedia: cuerpos envueltos en llamas, gritos de dolor, con el sonido de la tierra y de varios núcleos familiares quebrándose.
La tragedia de Tlahuelilpan no solo exhibió la vulnerabilidad de la infraestructura energética del país, sino también la realidad social y económica de muchas comunidades, donde la precariedad y hasta el hurto se convierten en un riesgo mortal en un acto de supervivencia.
Ese día no fue un accidente fortuito, sino el resultado de décadas de prácticas clandestinas que perforaron ductos por años y años en Hidalgo, lo que coloca a la entidad como la más huachicolera en todo el territorio mexicano.
Los datos más recientes sobre tomas clandestinas en municipios hidalguenses, reportados por el Observatorio Ciudadano del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), muestran que, aunque ha habido variaciones en los niveles de incidencia desde 2018 hasta 2025, Hidalgo sigue entre los estados con mayor actividad relacionada con perforaciones ilegales en ductos de combustible.
El huachicoleo no da tregua en Tlahuelilpan
De acuerdo con el Igavim, entre 2018 y 2019, la entidad registró un incremento de 90 por ciento en perforaciones ilegales, al pasar de 2 mil 121 a 4 mil 51 tomas clandestinas. En ese contexto, Tlahuelilpan cerró 2019, año de la tragedia, en el lugar 17 a nivel nacional, con 187 tomas detectadas.
Para 2020, la incidencia estatal creció 23 por ciento, al escalar de 4 mil 51 a 4 mil 988 tomas clandestinas; en ese año, Tlahuelilpan ocupó el lugar 19, con 141 perforaciones.
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En 2021, Hidalgo registró una disminución de 10 por ciento, al bajar a 4 mil 461 tomas, mientras que el municipio descendió al lugar 28, con 102 casos.
Sin embargo, en 2022, la tendencia volvió a repuntar, pues la entidad reportó un aumento de 22 por ciento, al llegar a 5 mil 534 tomas clandestinas, y Tlahuelilpan cerró en el lugar 26, con 127 perforaciones.
La reducción más marcada se dio en 2023, cuando Hidalgo presentó una caída de 34 por ciento, al pasar de 5 mil 534 a 3 mil 667 tomas, aunque Tlahuelilpan se mantuvo dentro del registro, con 118 casos, ubicándose en el lugar 32.
Foto: Archivo
Para 2024, la disminución fue de 33 por ciento, al bajar a 2 mil 450 tomas clandestinas en el estado, mientras que el municipio concluyó en el lugar 37, con 88 perforaciones ilegales en ductos de hidrocarburo.
En el último corte disponible, de enero a septiembre de 2025, Hidalgo acumulaba mil 918 tomas clandestinas y Tlahuelilpan se ubicaba en el lugar 33, con 80 casos, cifras que reflejan que, a siete años de la explosión, la extracción ilegal de combustible aún es una constante en la región.
De manera paralela, las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que el robo de combustible se mantuvo como un problema estructural en Hidalgo tras la tragedia de Tlahuelilpan.
En 2019, año de la explosión del ducto, la entidad registró mil 767 carpetas de investigación por este delito, colocándose entre los estados con mayor incidencia en toda la República mexicana.
Para 2020, los casos disminuyeron a mil 33; sin embargo, en 2021 repuntaron a mil 383 y se mantuvieron en niveles similares en 2022, con mil 379 registros.
En 2023, el robo de hidrocarburos volvió a incrementar hasta mil 499 carpetas de investigación. No fue sino hasta 2024 cuando se observó una reducción más marcada, con 560 casos, año en el que Hidalgo dejó de ocupar el primer lugar nacional y descendió al cuarto sitio.
Siete años después, la sombra de la tragedia sigue presente en ese rincón de Hidalgo, enclavado en el Valle del Mezquital.
Las víctimas han sido recordadas en ceremonias, ofrendas y memoriales a lo largo de estos años; sus nombres han sido pronunciados una y otra vez.
La memoria de Tlahuelilpan también sigue incompleta. Aunque en enero de 2020 autoridades colocaron la primera piedra de un memorial en el sitio de la tragedia, la obra nunca se concretó.
El espacio permanece sin un monumento formal que recuerde a las víctimas, debido, entre otros factores, a dictámenes de Protección Civil, que advirtieron sobre riesgos por la cercanía con los ductos, lo que obligó a replantear el proyecto, sin que hasta ahora exista una alternativa concreta.
El memorial no es el único pendiente, pues en el plano de la reparación del daño, los procesos han sido largos y fragmentados.
Tras la explosión, se otorgaron apoyos emergentes y ayudas inmediatas, pero no se concretó una indemnización integral para las familias de las personas fallecidas.
Ese reclamo sigue vivo en los tribunales, pues a la fecha hay procesos legales impulsados por familiares de las víctimas de la explosión, que buscan que se haga efectiva la cobertura de seguros contratados por Petróleos Mexicanos (Pemex), con el argumento de que la explosión ocurrió en una instalación bajo su jurisdicción.
Siete años después, el eco de aquel estruendo sigue resonando en la vida de quienes perdieron a sus seres queridos, en las políticas públicas que no terminan de aterrizar soluciones y en la memoria colectiva que se resiste a olvidar.
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