De acuerdo con información del registro de la Secretaría de la Contraloría de Hidalgo, mil 359 servidores públicos han sido sancionados en lo que va del año, de los cuales 210 fueron inhabilitados y 13 de ellos recibieron la pena máxima de un año.
Según los datos de la dependencia estatal, mil 136 recibieron una amonestación privada y solo uno de manera pública; 210 han sido inhabilitados; nueve fueron suspensiones durante 15 días sin goce de sueldo y dos más, durante cinco días; además, una fue destituida por una negligencia administrativa, aunque no se detallan los motivos.
El 98 por ciento del total —mil 335— fueron sancionados por omitir presentar su declaración patrimonial de inicio, modificación o conclusión; 16 por incumplimiento a sus obligaciones como servidor público; y ocho por negligencia administrativa.
Las dependencias con más trabajadores en dicha situación son las secretarías de Educación Pública (SEPH), con 802 de los casos, y de Salud y Servicios de Salud (SSH), con 330; seguidas de la Policía Industrial Bancaria, con 158. En total, acumulan mil 290 sancionados, lo que representa el 95 por ciento del registro.
Entre los 13 funcionarios que fueron sancionados con la inhabilitación máxima, que es de un año, están cuatro regidores de oposición de la Asamblea capitalina: Pablo Vargas González, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); los independientes, Olivia López Villagrán y Ricardo Crespo Arroyo –quien en julio ganó un amparo contra dicho castigo por no haber sido emplazado legalmente al procedimiento administrativo de responsabilidad iniciado en su contra—, y Carlos Jaime Conde Zúñiga, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), todos por omitir presentar su declaración patrimonial.
También están los exalcaldes de Ixmiquilpan, Pascual Charrez Pedraza, y de Tlaxcoapan, Jovani Miguel León Cruz, quien ha promovido dos juicios de amparo en contra de la sanción, pero han sido desechados.
Giovanny Flores I Pachuca
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