Feminicidios en Hidalgo: similitudes entre los casos de Rosaura y Jessica, con una década de diferencia

La omisión institucional y la falta de protección adecuada para las víctimas de violencia familiar en Hidalgo se replicaron en dos feminicidios en la entidad, los de Rosaura y Jessica.

El feminicidio de Rosaura Ocampo, en Mineral de la Reforma, es el más reciente en la memoria colectiva de los hidalguenses; sin embargo, no es el primer feminicidio que evidencia la falta de protocolos de seguridad para quienes denuncian la violencia familiar de la que son víctimas, pues desde 2014 también falta Jessica González.

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Jessica González fue víctima de feminicidio en agosto de 2014, a manos de Cleotilde Manuel, su expareja, que en ese entonces era capitán de la 18 Zona Militar de Pachuca. Según la recomendación R-VG-0001-17 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Jessica también fue víctima de una protección insuficiente, de la negativa a la asistencia y del ejercicio indebido de la función pública.

De acuerdo con el expediente CDHEH-VG-2487-14, a finales de 2013, Jessica González presentó una denuncia contra su entonces pareja, padre de sus tres hijos, por el delito de violencia familiar, situación por la que el agresor fue detenido en mayo de 2014, pero dos días después fue liberado, al pagar una fianza.

Por dicha liberación, el juez penal segundo de Tulancingo, Porfirio Austria Espinosa, giró una orden de restricción en contra de Cleotilde Manuel, misma que nunca fue entregada.

Un mes después, él agredió física y sexualmente a Jessica tres ocasiones más. En todas las ocasiones, Jessica presentó las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.

Por todos esos antecedentes, en julio de 2014, Jessica ingresó a un refugio en Pachuca junto a sus tres hijos, de 10, 7 y 6 años en ese entonces; sin embargo, pese a las promesas de tratamiento psicológico y resguardo, el 7 de agosto del mismo año, Jessica fue expulsada del albergue por la directora de la Unidad Especializada para la Prevención y Atención de Violencia Sexual y Familiar (Uepavfs), Nora Elena Sosa Bermúdez, con el argumento de una “conducta agresiva”.

Jessica negó dicha situación, pues señaló que únicamente solicitó apoyo para atender a su hijo menor, quien había enfermado en el lugar y no recibía atención médica, al igual que otros infantes del refugio, según relata el expediente de la CDHEH.

Al quedar fuera del refugio, Jessica fue trasladada de manera provisional a una casa en Mineral de la Reforma, pues debido al riesgo que corría, se iría a otro estado con ayuda de su familia, pero la protección que le debió ser otorgada por las autoridades falló. El 14 de agosto de ese mismo año, su agresor la asesinó a ella y a su hermano, y escapó.

El feminicidio de Jessica González fue motivo de una queja ante la CDHEH, pues su familia evidenció negligencia institucional durante casi un año. La investigación del organismo tardó tres años, para finalmente emitir la recomendación R-VG-0001-17, de la que se han cumplido nueve de 15 puntos tras nueve años.

Las dependencias que recibieron las recomendaciones de la CDHEH fueron el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), mismas a las que se les solicitó iniciar los procedimientos correspondientes contra las autoridades responsables y capacitar al personal en materia
de género.

En ese sentido, las autoridades responsables a investigar fueron el juez segundo penal de Tulancingo, Porfirio Austria Espinosa; la directora de la Uepavfs, Nora Elena Sosa Bermúdez, y dos agentes del Ministerio Público.

Asimismo, la CDHEH recomendó a las tres dependencias cumplir con la reparación integral del daño, que consistía en una indemnización, rehabilitación psicológica y asistencia social para las víctimas indirectas, es decir, los tres hijos, los padres y los hermanos de Jessica.

Denuncian nulo seguimiento a los hijos de Jessica

Sin embargo, de acuerdo con la asociación civil Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (Seiinac), que acompañó a la familia después del feminicidio, hubo “nulo seguimiento de la situación y atención de los hijos de Jessica. Estuvieron al pendiente al inicio, pero posteriormente, no hubo seguimiento”.

Además, la recomendación emitida por la CDHEH, en ese entonces dirigida por José Alfredo Sepúlveda Fayad, no consideró ninguna disculpa pública por parte de las instituciones responsables.

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Cleotilde Manuel fue aprehendido en marzo de 2019 e, incluso, apeló la sentencia que le fue otorgada, según dieron a conocer los activistas. Al cierre de esta nota, se desconoce el fallo final contra el feminicida de Jessica.

El feminicidio de Jessica González tiene similitudes con el de Rosaura Ocampo. Ambas habían presentado denuncias contra sus asesinos; en ambos casos, el agresor fue liberado tras una primera detención; a las dos se les otorgaron medidas de protección, únicamente en papel; los dos feminicidas laboraban en corporaciones relacionadas con la seguridad, y ambas fueron víctimas de instituciones omisas.

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