Hidalgo: Personal de la CDHEH pide ante Congreso la destitución de Parra Bonilla
En atención al Protocolo Cero, solicitan investigar a la ombudsperson por hostigamiento y acoso laboral, ¿qué otras cosas le imputan?
Además de las investigaciones y el cese, los firmantes también pidieron al Legislativo convocar a Parra Bonilla a comparecer
Trabajadores de las visitadurías metropolitanas y territoriales, así como todos los administrativos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), ingresaron un oficio ante el Congreso de Hidalgo, para solicitar la suspensión de Ana Karen Parra Bonilla como titular del organismo.
El documento que consta de 12 hojas y al que tuvo acceso este medio fue recibido por el Congreso local el pasado lunes, 9 de febrero, para solicitar “de forma urgente e inmediata” una investigación contra la ombudsperson por presunto hostigamiento y acoso laboral, y que, en atención al Protocolo Cero, se dicte una medida provisional de suspensión del empleo, cargo o comisión en tanto se concluya la investigación.
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En ese sentido, los inconformes señalan puntos como el presunto despido injustificado de visitadores, el coaccionar para acompañarla a eventos públicos no relacionados con las actividades de la comisión y el inicio de acompañamiento en manifestaciones por parte de visitadores, sin garantizar su protección ni prever situaciones de riesgo.
Asimismo, refirieron que permanecer de tiempo completo en las manifestaciones ha generado el rezago en expedientes de queja que actualmente mantiene la CDHEH.
Acusan cambios de plazas y despidos
De acuerdo con el documento, desde el inicio de la gestión de Parra Bonilla al frente de la CDHEH, en julio de 2022 a la fecha, se han realizado al menos 200 cambios de plazas, funciones y cuatro despidos presuntamente injustificados.
Además de las investigaciones y el cese solicitado, los firmantes también pidieron al Legislativo convocar a Parra Bonilla a comparecer “en audiencia pública y no por escrito”.
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Dicha solicitud es la segunda que se ingresa ante el Congreso local para solicitar la destitución de la ombudsperson. La primera fue ingresada por un grupo de al menos 20 activistas en junio de 2025.
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