Los menores no viven dentro de un penal por haber cometido un delito, por lo que su presencia, no debería traducirse en carencias, aislamiento o condiciones que afecten su desarrollo

Johana Montcerrat Hernández Pérez presentó una iniciativa para obligar a los centros penitenciarios hidalguenses a contar con áreas maternales adecuadas | Foto: Especial
Mientras sus madres cumplen una condena, 17 niñas, niños y bebés viven actualmente dentro de cinco centros penitenciarios de Hidalgo, una realidad poco visible que ahora llegó al Congreso local con una propuesta que busca que la infancia no termine pagando una condena que nunca cometió.
La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Johana Montcerrat Hernández Pérez, presentó una iniciativa para obligar a los centros penitenciarios hidalguenses a contar con áreas maternales adecuadas y generar mecanismos para que el cuidado de los menores no recaiga únicamente en las mujeres privadas de la libertad.
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La propuesta surge en medio de datos que exhiben una realidad que ocurre detrás de los muros de los penales. En Pachuca, Actopan, Molango, Tula y Tulancingo viven menores junto a sus madres, algunos en espacios adaptados y otros en condiciones limitadas, de acuerdo con datos recabados por la legisladora tricolor.
Uno de los casos que más llama la atención es el de Tulancingo, donde, según los datos citados en la iniciativa, algunas madres permanecen con sus hijos incluso durante visitas conyugales, situación que podría exponer a niñas y niños a contenido sexual explícito.
En Molango, además, se reconoce que existe un bebé viviendo dentro del penal, aunque sin contar con un área maternal ni espacios de estimulación temprana.
La iniciativa busca agregar nuevas obligaciones a la Ley de Ejecución de Penas para que, cuando existan mujeres internas con hijos menores de tres años, los centros cuenten con espacios que garanticen condiciones de salud, higiene, seguridad y desarrollo infantil.

Asimismo, el proyecto de decreto plantea involucrar al padre y a otros familiares en las labores de cuidado y convivencia, mientras la madre cumple con su condena.
La propuesta también recuerda un punto que suele quedar fuera del debate penitenciario, pues esos menores viven dentro de un penal, pero no están ahí por haber cometido un delito, por lo que su presencia, advierte el documento, no debería traducirse en carencias, aislamiento o condiciones que afecten su desarrollo.
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