Durante el año que está por concluir, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) registró cambios tanto de titular como en su administración, pues en septiembre del año pasado, el Congreso local aprobó su transición a fiscalía, como un órgano público autónomo.
Tras ello, en junio pasado, con 44 votos aprobatorios por parte de igual número de ayuntamientos, el parlamento hidalguense declaró válida la reforma constitucional para la transición de procuraduría a fiscalía, por lo que el decreto correspondiente fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).
De esta manera, en julio pasado, con la instalación de la Comisión Interinstitucional de Transición, comenzaron de manera formal los trabajos, mismos que culminarán con la declaratoria de la autonomía de la Fiscalía General de Justicia.
Los trabajos de cambio de procuraduría a fiscalía tienen que llevarse a cabo un periodo máximo de dos años.
El 19 de diciembre, tras la aprobación del Presupuesto de Egresos 2023, se anunció que serían etiquetados 238 millones 668 mil 312 pesos para ese fin, además de que habrá 21 millones 710 mil 927 pesos destinados específicamente para la operación y funcionamiento de la nueva Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Tortura.
El 1 de septiembre pasado, tres días antes de que concluyera la pasada administración y Julio Menchaca Salazar asumiera el cargo, Alejandro Habib Nicolás presentó su renuncia como titular de la PGJH, puesto en el que estuvo apenas un año, tras dimitir a la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).
Para el 2 de septiembre, un par de días antes del comienzo de la nueva administración, Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno federal, fue nombrado procurador interino. Al asumir el cargo, el funcionario de origen queretano afirmó que habría “cero tolerancia a la corrupción e impunidad”.
Tras revelarse una red de corrupción por el desvío de 522 millones de pesos, que involucra a 13 presidentes municipales de distintos partidos políticos, el pasado 23 de noviembre se cumplimentaron las primeras órdenes de aprehensión.
En distintos puntos del estado fueron arrestados Fidel Arce Santander, exalcalde de Epazoyucan; Felipe Juárez Ramírez, de Huautla; Luis Enrique Cadena García, de Nopala, y Elías Sanjuán Sánchez, de Yahualica.
El único que logró quedar libre fue Cadena García, debido a que contaba con un amparo; sin embargo, es considerado prófugo de la justicia, pues no se presentó a la audiencia en la que se definiría su situación legal.
La PGJH continúa integrando las carpetas de investigación de los ocho municipios restantes y se prevé que en las próximas semanas se giren las órdenes de aprehensión en contra del resto de los alcaldes involucrados en la llamada Estafa Siniestra.
Actualmente, la dependencia investiga otro presunto desvío de recursos por 750 millones de pesos, pero en el rubro de obra pública, cuyos partícipes son diferentes a los alcaldes ya indagados por la sustracción de 522 millones de pesos.
Yuvenil Torres I Pachuca
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Al corte del 27 de diciembre, la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) recibió mil 782 quejas de usuarios por diversos conceptos, la mayor parte de las cuales fueron para el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah), división que regula al Tuzobús.
Del total de irregularidades reportadas por los usuarios, 72.67 corresponde al Tuzobús, mientras que 20.08 por ciento fue interpuesto ante el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH), que regula a taxis, unidades colectivas y servicio público de arrastre, mientras que el porcentaje restante fue emitido directamente a la dirigencia de vigilancia y supervisión respecto a incumplimiento de bases.
