El diputado Fortunato González Islas presentó una reforma para combatir a las grúas piratas, para lo que busca tipificar como delito la utilización de vehículos de arrastre y salvamento que no tengan concesiones o permisos, el cual se podría castigar con cárcel y multas.
El asambleísta, integrante del grupo legislativo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), propuso adicionar un artículo al Código Penal del estado para establecer sanciones que van de dos a cinco años de prisión y una multa que se calcularía de acuerdo con el valor de la concesión o permiso.
De igual forma, para los casos en que quienes cometan el delito sean personas morales, las sanciones se deberían imponer al gerente, director, administrador o representante de la firma involucrada en los hechos.
El proyecto de decreto también establece que, adicional a las sanciones que se proponen, se podrían sumar las penas contempladas para personas jurídicas colectivas, las cuales van desde intervención de sus órganos de representación y suspensión temporal de actividades hasta por dos años, hasta la remoción de sus funcionarios.
Asimismo, el congresista planteó que, en caso de reincidencia, la pena de los responsables sea de cinco a 10 años de prisión.
“Con la finalidad de generar atención oportuna y evitar problemáticas sociales, es necesario que se evite la competencia desleal en los servicios complementarios de arrastre y salvamento y depósito vehicular”, expresó el diputado en tribuna.
Irving Cruz I Pachuca
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Ante las quejas de usuarios y concesionarios por la implementación del proyecto Taxi Contigo, el Congreso de Hidalgo aprobó un exhorto a la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) para que investigue el cumplimiento de obligaciones de la empresa que opera la plataforma.
El acuerdo en cuestión, aprobado con 20 votos a favor, contempla solicitar a la Semot que realice las diligencias necesarias para asegurar el cumplimiento de obligaciones del permisionario de Taxi Contigo, la compañía Sistemas Integrales de Movilidad de Hidalgo, con la finalidad de evitar cobros excesivos y abusos que vulneren los derechos de concesionarios, conductores y usuarios de transporte público individual.
