De enero a marzo de este 2025 se realizaron 469 acciones de vigilancia al transporte público con diversas sanciones, algunos de ellos por utilizar plataformas no autorizadas

Las sanciones por incumplir la Ley de Movilidad de Hidalgo pueden llegar a las 750 veces la UMA | Foto: Especial
Durante los primeros tres meses del año, el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH), organismo dependiente de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), realizó 469 acciones de vigilancia y supervisión, como parte de sus operativos en distintos municipios de la entidad.
De acuerdo con el informe de la Dirección de Vigilancia y Supervisión del STCH, estas intervenciones resultaron en la incautación de 71 vehículos que presentaban irregularidades conforme a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo. Además, se levantaron 302 boletas de infracción, derivadas de diversos incumplimientos.
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Uno de los puntos más relevantes se registró en Tulancingo, donde fueron aseguradas cinco unidades por operar servicios de transporte de pasajeros mediante plataformas digitales sin autorización. A estas, se sumó un sexto vehículo el pasado 5 de abril, bajo la misma causa.
Las autoridades de Hidalgo reiteraron que el uso de servicios no autorizados en las vías estatales representa un riesgo para la seguridad de los usuarios, ya que las unidades y conductores no están sujetos a regulación, control ni registro oficial.

Asimismo, se recordó que prestar este tipo de servicios sin la autorización correspondiente puede generar sanciones que van desde 500 hasta 750 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), sin perjuicio de otras medidas legales aplicables.
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En ese sentido, el gobierno de Hidalgo hizo un llamado a las personas concesionarias y operadoras del transporte público a mantener el cumplimiento de la normativa vigente, y exhortó a la ciudadanía a utilizar únicamente unidades debidamente registradas.
La situación resalta la importancia del ordenamiento y regulación del transporte público en Hidalgo, como parte de una estrategia para mejorar la seguridad vial y la legalidad en los servicios que se ofrecen en la entidad.
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