La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) entregó ayer a la Comisión Inspectora del Congreso local la tercera parte de los resultados de fiscalización de la cuenta pública 2020, en la cual 92 entidades deberán aclarar el destino de 226 millones 449 mil 809.10 pesos.

El titular del organismo autónomo, Armando Roldán Pimentel, detalló que el Poder Ejecutivo tendrá que solventar observaciones por 3 millones 405 mil 724.20 pesos; las entidades del sector paraestatal e instituciones autónomas, 13 millones 774 mil 237.95; los municipios, 204 millones 860 mil 252.97, y entes descentralizados municipales, 4 millones 409 mil 593.98 de pesos.

No obstante, durante las actividades de fiscalización, las entidades señaladas lograron justificar el destino de 9 millones 514 mil 242.11 pesos, de los cuales un millón 271 mil 768.54 correspondieron a reintegros y 8 millones 242 mil 473.57, a recuperaciones; sin embargo, las cifras podrían incrementar debido a la existencia de pliegos de observación pendientes de solventar.

Asimismo, señaló que el ayuntamiento de Tulancingo fue el único que realizó un refinanciamiento de deuda pública, por 38 millones 856 mil 444.27 pesos, la cual fue contratada a un plazo de 73 meses.

Roldán Pimentel puntualizó que la Auditoría se encuentra en el proceso de evaluación por parte de dos entidades de fiscalización local, como integrantes de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (Asofis), y como parte del programa Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México, a fin de fomentar el intercambio de buenas prácticas en materia de prevención y combate a la corrupción.

Este está coordinado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuyo objetivo es fortalecer la operación, los programas y el marco normativo en materia anticorrupción, a través de la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el orden estatal.

Asimismo, continúa con el es-quema de coordinación institucional con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar el Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (Siara), por lo que envió en diciembre de 2021 los oficios de solicitud de adhesión y la carta de conformidad.

Adela Garmez I Pachuca

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