G. G. B. fue sentenciado tras comprobarse que falsificó documentos para hacer pasar un inmueble ajeno como propio

La sentencia fue posible gracias al trabajo exhaustivo de los investigadores de la Subprocuraduría Oriente
Un hombre, identificado como G. G. B., fue sentenciado a nueve años de prisión por engañar a dos personas, haciéndoles creer que era el propietario de un terreno del ejido Santiago Tlapacoya, ubicado en Pachuca de Soto. La sentencia se dio tras investigaciones encabezadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y un juicio que culminó con su condena.
Los hechos que llevaron a la condena se remontan a 2019, cuando G. G. B. se presentó ante las víctimas, identificadas como F. G. O. y C. M. G. T., como un inversionista con propiedades valiosas. Entre ellas, mencionó un inmueble que supuestamente poseía en el ejido de Santiago Tlapacoya, en Pachuca, asegurándoles que contaba con suficiente respaldo económico para cubrir cualquier deuda. Para respaldar su historia, G. G. B. no solo les mostró el terreno, sino que también presentó documentos, fotografías y escrituras que pretendían autenticar su propiedad.
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Convencidos de la solvencia y confiabilidad de G. G. B., las víctimas decidieron aportar cada una la cantidad de 2 millones 490 mil pesos, entregándole en total 4 millones 980 mil pesos. Sin embargo, con el paso del tiempo, las víctimas descubrieron la estafa al darse cuenta de que la propiedad y los documentos presentados por G. G. B. eran falsos. En respuesta, decidieron denunciarlo ante la PGJEH, desatando una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.
Los agentes ministeriales adscritos a la Subprocuraduría Oriente de Hidalgo llevaron adelante las pesquisas, verificando que G. G. B. no era el legítimo propietario del terreno y que la escritura presentada era completamente apócrifa. Tras reunir las pruebas necesarias, la PGJEH logró la vinculación a proceso del imputado, quien finalmente fue hallado culpable de fraude.
Durante el proceso, se determinó la culpabilidad de G. G. B., lo que derivó en una condena de nueve años de prisión, junto con una multa y la obligación de cubrir la reparación del daño a las víctimas. Este caso subraya la importancia de la verificación documental al realizar inversiones, ya que las falsificaciones pueden desencadenar importantes consecuencias para ambas partes.
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