Las denuncias que ha presentado la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo contra alcaldías y dependencias
El auditor estatal, Jorge Valverde Islas, detalló que en los tres años que lleva al frente del ente fiscalizador han presentado varias denuncias penales por presuntos actos de corrupción
En algunos casos, las denuncias ya derivaron en sentencias, dijo el funcionario
Foto: Archivo
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) acumula un total de 18 denuncias penales ingresadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), derivado de observaciones en el uso de recursos públicos, en su mayoría, a ayuntamientos.
En entrevista con Criterio, el auditor estatal, Jorge Valverde Islas, detalló que en los tres años que lleva al frente del ente fiscalizador han presentado varias denuncias penales por presuntos actos de corrupción.
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De acuerdo con Valverde Islas, hasta el momento, 10 denuncias están judicializadas por la PGJEH, mientras que otras 8 están en espera de iniciar su proceso.
¿Contra quiénes fueron presentadas las denuncias?
Entre esas querellas en espera de la judicialización, detalló que dos son contra secretarías del Poder Ejecutivo y el resto, contra ayuntamientos. Sin embargo, por la secrecía de los casos, no detalló las alcaldías y dependencias estatales que están involucradas en las denuncias que ya están en espera de un juicio.
No obstante, aseveró que los montos por los que se acusa a las secretarías superan los 3 millones de pesos en observaciones que no se justificaron en tiempo y forma.
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Entre las denuncias que están judicializadas e, incluso, con una sentencia, están las de los exalcaldes de municipios como Tula de Allende, Epazoyucan, Singuilucan, Nopala de Villagrán y Progreso de Obregón, entre otros.
“Judicializadas hay 10 denuncias, varios ya hasta salieron de la cárcel porque reintegraron el dinero, como Armando Mera Olguín, de Progreso de Obregón, y Manuel Hernández Badillo, de Tula”, comentó Valverde Islas.
A decir del auditor estatal, el hecho de detectar anomalías en una primera instancia no significa que procedan a una denuncia de forma inmediata.
Valverde Islas indicó que, una vez que se notifica a los municipios o al ente fiscalizador sobre la observación, tienen 30 días para justificar los señalamientos.
En caso de que no cumplan en tiempo y forma, sigue el proceso.
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