Los municipios y organismos descentralizados deberán justificar observaciones por millones de pesos en el manejo de recursos públicos

La ASEH presentó el informe sobre las irregularidades en el manejo de recursos públicos en los entes públicos de Hidalgo | Foto: Especial
Este viernes, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) entregó el segundo informe de la cuenta pública 2024, el cual presentó observaciones por 211 millones 404 mil 902 pesos, de los cuales 137.9 millones corresponden a observaciones a municipios.
Asimismo, el desglose de la ASEH también determinó que los organismos descentralizados locales deben aclarar 49.3 millones de pesos, mientras que las entidades del sector paraestatal y organismos autónomos deben hacer lo mismo por 24 millones de pesos.
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De acuerdo con información de la ASEH, los municipios que más anomalías en el gasto acumularon son Pachuca, con 47 millones 354 mil 428 pesos, seguido por Mineral de la Reforma, con 24 millones 788 mil pesos; Zempoala, con 10 millones 663 mil pesos; Zapotlán, con 8 millones 482 mil pesos, y Huejutla, con 7 millones 54 mil pesos.

En cuanto a los organismos descentralizados municipales, la ASEH apuntó que el sistema DIF de Tizayuca debe aclarar 12 millones 398 mil pesos; la Comisión de Agua y Saneamiento de Ajacuba, 4 millones 422 mil pesos, y la Comisión de Agua y Alcantarillado de Apan, 4 millones 208 mil pesos.
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Mientras que, de las entidades paraestatales, la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas es la que más monto acumuló, con 7 millones 104 mil pesos, seguida por la Universidad Politécnica de Pachuca, con 3 millones 56 mil pesos, y la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, con 2 millones 571 mil pesos.
Cabe señalar que este informe de la ASEH corresponde a los últimos meses de las pasadas administraciones municipales y a los primeros cuatro de las nuevas; es decir, se observaron los últimos ocho meses de la gestión de Sergio Baños Rubio y los primeros cuatro de Jorge Reyes. Ahora, todos los entes obligados tendrán 30 días para justificar las irregularidades.
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