Inmovilización de cuentas, hasta 12 al mes: Prodecon Hidalgo
La mayor parte de los casos que recurren a la Prodecon tienen que ver con personas físicas, con el 80 por ciento, mientras que el resto son empresas; es decir, personas morales
En Hidalgo, cada mes, entre 11 y 12 inmovilizaciones de cuentas bancarias son reportadas a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), informó César Cano Cuevas, delegado en el estado, quien comentó que la dependencia que encabeza se encarga de brindar apoyo a las personas físicas y morales que se encuentran en este tipo de casos.
En entrevista con Criterio, indicó que la mayor parte de los casos que recurren a la Prodecon tienen que ver con personas físicas, con el 80 por ciento, mientras que el resto son empresas, también denominadas como personas morales.
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“Mayormente, son personas físicas, por lo mismo que a veces no tienen el hábito de tener sus identificaciones fiscales actualizadas y una empresa por su misma operación del día a día tiene esta comunicación constante con el SAT de hacer sus declaraciones mensuales y anuales”, contó.
En ese sentido, el delegado mencionó que para evitar cualquier tipo de inmovilización de cuentas bancarias, los contribuyentes deben tener actualizados sus datos, como son domicilio fiscal, la actividad empresarial, el régimen fiscal al que pertenecen, así como medios de contacto, como correo electrónico y teléfono, que sean utilizados continuamente por el titular, con la finalidad de que, si existe alguna irregularidad, reciban la notificación correspondiente.
Dentro de las dependencias que pueden solicitar el bloqueo de cuentas bancarias, además del Servicio de Administración Tributaria (SAT), están el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) e incluso la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en determinados casos, como en los supuestos de que una empresa le deba el pago de derechos de agua.
Los servicios de la Prodecon contemplan la conciliación entre las dependencias fiscalizadoras para ver si el contribuyente deberá pagar lo solicitado o, en su caso, también cuentan con el servicio de litigación en donde se presenta la demanda y se solicita una medida cautelar de liberación de cuentas, entre algunos otros procedimientos.
