Hidalgo: Desde corrupción hasta homicidios, los procesos penales que marcaron el 2025

Durante 2025, en Hidalgo se desarrollaron varios procesos penales relacionados con delitos de alto impacto y con hechos mediáticos, como corrupción, violencia, delitos sexuales y homicidios; estos casos derivaron en vinculaciones a proceso y algunas sentencias condenatorias.

En los primeros meses del año, la actividad judicial en Hidalgo se centró en audiencias iniciales y en carpetas de investigación que fueron heredadas de años pasados.

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Uno de los primeros casos que movilizó a las autoridades judiciales y a la sociedad hidalguense ocurrió en febrero, cuando un expolicía municipal de Mineral de la Reforma fue vinculado a proceso por el homicidio de su pareja sentimental y sus padres, en la comunidad Azoyatla.

El imputado, de nombre Marco Antonio M. G., fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio y homicidio doloso, por lo que permanece en prisión preventiva en lo que se define su situación legal.

En junio, el exdirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP), Percy Leonardo E. B., fue detenido y vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado. Ese solo fue el primero de cinco casos que se presentaron en su contra.

Se dictó sentencia por la Estafa Siniestra a un exfuncionario de Hidalgo

Un mes después, en julio, se dictó una de las resoluciones más relevantes en delitos cometidos por servidores públicos, pues el exoficial mayor del gobierno de Hidalgo, Martiniano Vega Orozco, fue sentenciado a 12 años de prisión por el delito de peculado agravado. La condena está relacionada con el esquema de corrupción denominado Estafa Siniestra.

Ese mismo mes vincularon a proceso a cinco personas por el delito de homicidio en grado de tentativa, quienes perpetraron un ataque armado contra agentes de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) en Tizayuca. Actualmente, los imputados se encuentran en prisión preventiva como medida cautelar.

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Para agosto, uno de los casos más mediáticos, calificado como atroz por la opinión pública, tuvo su primer dictamen judicial. Fueron vinculadas a proceso cuatro personas acusadas de secuestrar, retener, torturar y asesinar a dos agentes de investigación en la colonia La Loma, en Pachuca, dentro del templo Capilla del Angelito Negro 666.

A los tres hombres y una mujer se les imputaron los delitos de secuestro agravado, narcomenudeo y posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército, por lo que la sentencia, en caso de ser encontrados culpables, podría ser mayor a 80 años.

También fue vinculado a proceso un elemento de la Policía de Hidalgo, quien fue acusado de homicidio culposo tras la muerte de un compañero derivado de la manipulación de un arma de fuego. El hecho ocurrió en la colonia San Cayetano, de la capital hidalguense.

Dos meses después, en octubre, fue asesinado el alcalde de Pisaflores, Miguel Bahena Solórzano, uno de los hechos más sonados en el país. En días posteriores, se detuvo a dos personas, entre ellas un funcionario del Sistema DIF municipal, quienes fueron vinculadas a proceso por la planeación y ejecución del crimen.

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Diciembre cierra el año con dos vinculaciones a proceso. Una de ellas fue la del regidor de Actopan, Omar Leonardo R. G., quien fue acusado de homicidio simple por un hecho ocurrido meses atrás en la colonia Aviación, en dicho municipio, donde un grupo de personas linchó a un presunto ladrón y agredió a cuatro personas más acusadas también de robo.

También fue vinculado por segunda vez Percy E. B., ahora por peculado, delito relacionado con el presunto uso indebido de un sistema de préstamos del SUTSMP con anomalías superiores a 77 millones de pesos.

Tanto Omar R. G. como el exdirigente sindical se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, pues así lo dictaminó la autoridad judicial como medida cautelar, en lo que se desarrollan las investigaciones complementarias de sus respectivos casos.

Varios de los casos continúan en etapa de investigación complementaria o en espera de juicio, por lo que será hasta 2026 cuando se conozca si las vinculaciones a proceso derivan en sentencias condenatorias o absoluciones.

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