El Ayuntamiento de Epazoyucan presentó una denuncia penal contra el expresidente municipal Raúl Armando Padilla Islas, así como contra exregidores y exservidores públicos, por presuntos delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones e incumplimiento de deberes legales, informó el actual edil, Carlos Montaño Rodríguez.

Durante una rueda de prensa, Montaño explicó que la denuncia, registrada con el número de carpeta de investigación 1220-2508073, surge tras un proceso judicial derivado del manejo irregular de un convenio firmado el 12 de noviembre de 2016. Dicho acuerdo, relacionado con un predio de 20.18 hectáreas en el bulevar Epazoyucan, provocó una condena financiera contra el municipio.

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El convenio fue suscrito en la administración de Padilla Islas e involucró a miembros del cabildo de ese periodo: Luz Arely Samperio Islas, Miguel Ávila Ortiz, Gerónimo Hernández López, Gabriela Esquivel Monzalvo, Janet Hernández Nolasco, Silvia Ponzata Samperio, René González Luna, Arturo Barraza Santillán y Adán Ponzata Salinas.

Según Montaño Rodríguez, la mala gestión del acuerdo y la falta de cumplimiento provocaron que, en abril de 2023, el municipio fuera condenado a devolver el inmueble y pagar una suma cercana a 4 millones 570 mil pesos, conforme al dictamen de peritos valuadores.

No obstante, en febrero de 2025 se alcanzó un acuerdo con el demandante, Alfredo Ramos López, para reducir la cantidad a 3.5 millones de pesos. Este convenio fue ratificado oficialmente en marzo, y el pago ya fue efectuado por el gobierno municipal.

El presidente municipal destacó que este monto debió destinarse originalmente a obras públicas y desarrollo local, pero debido al fallo judicial, el municipio se vio obligado a reasignar recursos para cubrir la indemnización.

Además de la denuncia penal, el Ayuntamiento también inició una investigación administrativa interna, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Estado de Hidalgo, con el objetivo de deslindar responsabilidades entre los involucrados y evitar que casos similares afecten nuevamente las finanzas públicas del municipio.

La administración actual subrayó que continuará actuando en el marco de la ley para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, y reiteró su compromiso de proteger los recursos municipales frente a actos que comprometan su integridad.

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